El presidente Danilo Medina no está de acuerdo con que sea aprobado un gravamen de 20 pesos mensuales adicionales a los servicios telefónicos para sostener el Sistema Nacional de Emergencia 911. Sin embargo, el Gobierno asumirá el costo del sistema, contemplado en un anteproyecto de ley que se discute en la Cámara de Diputados, durante el primer año de ejecución del mismo con una inversión de 50 millones de dólares que serán desembolsados del presupuesto de este año.
Así se lo comunicó ayer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a los miembros de la comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja, presidida por el diputado Elpidio Báez, luego de una reunión que sostuvieron en el Palacio Nacional.
“El Presidente no está de acuerdo y lógicamente la opinión del Presidente tiene un peso muy importante al momento en que nosotros los legisladores estemos discutiendo el tema, sin embargo, no hemos descartado identificar otras fuentes de financiamiento”, precisó.
Báez indicó que en una segunda fase la fuente de financiamiento para el sistema sería la ayuda internacional que -dijo- ya ha sido prometida por algunos organismos.
Los 50 millones de dólares, explicó el legislador, incluirá el financiamiento de la plataforma tecnológica del sistema, y la movilidad y comunicación para la Policía Nacional, institución que sería dotada de 300 vehículos, 500 motores, un helicóptero, lanchas y radios de comunicación, entre otros.
La iniciativa, de la autoría del diputado peledeísta Elías Serulle, crea un Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia con el número 911, el cual consiste en atender llamadas de emergencia de los ciudadanos o de las entidades de un determinado municipio, mediante una plataforma tecnológica y de comunicaciones que accede a registrar el evento de emergencia y tramitarlo, de manera expedita, a la entidad o institución que tiene la responsabilidad de atender y dar una respuesta eficaz a ese requerimiento.
Báez informó que, de aprobarse la pieza, establecerían mecanismos de control para evitar y sancionar, incluso con prisión, a quienes realicen llamadas “molestosas” al 911, que actualmente -sostuvo- representan el 90% de las que realiza la población al servicio de emergencia.
