La remuneración que reciben maestras y maestros por su trabajo es un tema crucial para toda la sociedad porque ella refleja el valor que le otorga a la educación de sus infantes, y porque de ella depende en parte la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Después del cuidado de la salud y la protección humana, la responsabilidad educativa es quizás la más delicada que asigna el Estado.  En la medida en que son las personas que tienen la responsabilidad de gerenciar las aulas, y de animar y facilitar el proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, las maestras y los maestros están en el centro de cualquier estrategia de mejoramiento de la calidad del sistema educativo.

Por ello, la cuestión del salario no es solamente un tema reivindicativo y de derechos del magisterio. Eso tiene valor pero que es sólo igual al derecho y a las necesidades del resto de las personas.  La importancia para la sociedad radica en el impacto del servicio que prestan y sus implicaciones para nuestro futuro.

La sociedad ha hablado con mucha fuerza y ha reclamado más recursos para la educación, especialmente para mejorar la calidad. Ello pasa indefectiblemente por mejorar los salarios. Cuánto hoy, cuánto mañana, hasta cuando, hasta donde, y cómo, son cosas que deben negociarse. Lo que no debe ser negociable es el compromiso público con dignificar la labor educativa para que los salarios den sustento a un fortalecimiento de las habilidades y cualificaciones del magisterio, y se conviertan en una inversión.

Los salarios actuales de maestras y maestros son una vergüenza, y el resultado está a la vista de todo el mundo. El salario base, es decir, sin incentivos por titulación, desempeño o años de servicio, y por una tanda (4 horas de docencia, sin incluir el tiempo dedicado a preparación previa), es de 8,972 pesos mensuales. Esto es menos que el salario mínimo para empresas grandes, y menos de la mitad del ingreso mínimo necesario para no ser pobre para una familia de 4.2 personas.  Los incentivos ciertamente mejoran los salarios pero de forma moderada y sólo lo reciben una parte de los y las docentes. En la actualidad, de un total de 54 mil maestros, más de 48 mil ganan menos de 10 mil pesos al mes por tanda.

Por dos tandas, es decir, 8 horas de docencia por día, el salario base sería de 17,944 pesos, todavía menos que el ingreso de pobreza.  Vale indicar que ocho horas de clase es una verdadera locura para cualquier docente. Por ello no extraña  que el número de horas de clase y la calidad de ellas terminen siendo menores.

Un aumento de 20% en el salario base de una tanda, como lo propone el gobierno, llevaría el salario base hasta 10,766 pesos. ¡Esto significa un aumento de menos de dos mil pesos! El salario sería apenas mil pesos por encima del salario mínimo y algo más de la mitad de un ingreso de pobreza.  En ese contexto, es entendible la irritación generalizada del magisterio frente a esa propuesta, que ha visto postergada su demanda de aumento salarial por más de cinco años, en franca violación a la Ley General de Educación.

La propuesta del gobierno implicaría muy probablemente un aumento de la carga presupuestaria de no más de RD$ 2,500 millones. Esto equivale a apenas poco más del 2.5% del presupuesto total del Ministerio de Educación para 2013.

Es claro que hay espacio para mejorar la oferta del gobierno sin comprometer seriamente otras metas relevantes. En este punto, es mejor dejar atrás los fuegos artificiales del discurso y concentrarse en las cifras y en las posibilidades verdaderas.

Sin embargo, el compromiso no debe ser sólo de financiamiento público ni de corto plazo. Debe ser uno amplio, de largo plazo y debe involucrar a todos los actores. El problema no es esencialmente de satisfacer un reclamo sectorial, es de transformación de la educación para el ejercicio del derecho fundamental a la educación de niños, niñas y adolescentes. Por ello, tiene que haber también un compromiso  magisterial verificable con un significativo mejoramiento del aprendizaje y del desempeño propio. Ese es un componente clave para convertir el dinero en capacidades de la gente.

Cuando se desarrollaba la justa lucha social para que el Gobierno cumpliera con la ley, asignando el 4% del producto interno bruto como presupuesto para Educación, era lógico que de lograrse, como se ha logrado, una parte de esos recursos debía destinarse a reajustar los salarios de los maestros.

Logrado ese objetivo presupuestario, los maestros han iniciado jornadas de lucha en procura de que el aumento salarial, un justo reclamo, les sea concedido este mismo año para mejorar sus condiciones de vida. Pero el reclamo que hace la clase magisterial es de un 100% del salario base que perciben.

Es posible que dados los deprimidos salarios que reciben los docentes, un 100% no sea una exageración. Sin embargo, en este escenario hay que tomar en cuenta otros elementos, que han de persuadir a los maestros, no para que cesen en su lucha, pero sí para que por lo menos flexibilicen en el monto de lo que reclaman de salario.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, aumentar en un 100% los salarios de los maestros, implicaría destinar para esos fines casi la mitad del incremento presupuestario que recibió esa institución, tras la asignación del 4% del PIB. De ser así, estaríamos dejando para los programas de desarrollo, reforma, mejora y fortalecimiento del sector educativo estatal, una cantidad mínima de recursos, que no alcanzaría para mucho.

El Ministerio de Educación ha propuesto aumentos escalonados, iniciando este año y siguiéndolos en los próximos tres, hasta alcanzar el anhelado 100% de incremento salarial de los maestros.

En este momento debe primar la sensatez de la clase magisterial, para aceptar una propuesta que sea justa y que incluya los mecanismos para su cumplimiento automático, pues ya diversos sectores, entre ellos el empresarial y la Iglesia católica, sin contar el propio Gobierno, entienden que pedir un aumento inmediato de 100% podría afectar los objetivos que ha de cumplir el 4% para la Educación.