El uso y utilización de niños en actividades sobre las que ellos aún no tienen conciencia está considerado un delito en las sociedades civilizadas, donde se considera que constituye un abuso extraordinario involucrar menores de edad en cuestiones para las que su inocencia aún no los ha preparado. Estas reflexiones vienen a cuenta por lo que observé la semana que recién finalizó en los alrededores del Congreso Nacional: Niños de diferentes edades, incluyendo muchos que aún utilizan pañales y “bobos”, fueron llevados hasta allí dizque participando en una marcha “pidiendo” que los legisladores terminen de aprobar el proyecto que declara a Loma Miranda como parque nacional, con la osadía de que uno de los menores, con algo así como 7 o 9 años de edad, leyó un documento “exponiendo” las razones de su reclamo. Los niños fueron trasladados desde comunidades de Bonao y La Vega hasta el Centro de los Héroes, en Santo Domingo, en autobuses por cuyo alquiler hubo que pagar algún dinero quién sabe de cuál procedencia. El mimo de los medios de comunicación con algunas figuras de las que siempre “están en el medio” es lo que causa daños como éste, repudiable y censurable. Tan irresponsable fueron los organizadores de esa marcha como los padres de los niños que permitieron que sus hijos fueran utilizados de esa manera. Y después quieren hablar con la boca llenas…
Pongan atención
Un funcionario de INAPA en Higüey fue cancelado y sometido a la justicia por la presunta utilización de dinero pagado a la institución por sus usuarios y que éste supuestamente usaba para su provecho personal, depositándolo en una cuenta particular. Eso no sería tan trascendente si la información no llegara acompañada de la revelación de que ya cancelado, el ex funcionario seguía haciendo de las suyas y se pidió el arresto del imputado “y al ver que las autoridades no mostraban interés por el caso, una unidad de la sede principal de la institución se trasladó a la provincia y lo arrestó”. ¡Hummm..! l

Bajo el alegato de que cultivaban en áreas protegidas, funcionarios de Medio Ambiente destruyeron siembras, se expropiaron de bienes y maltrataron físicamente a trabajadores agrícolas de la comunidad de “Padre Nuestro” de Bayahíbe. Que se les había advertido una y otra vez que no podían establecerse en el sitio, pero no existe una ley que autorice a un gendarme de ese ministerio a arrancar cien tareas de yuca, plátanos y otros cultivos. Y mucho menos a apoderarse por la fuerza de 60 chivas y chivos. Además, un tal Víctor el Parquero cargó con dos bombas sumergibles que los agricultores llevaron ahí con mucho esfuerzo. No hay otra forma de calificarlo que no sea como un excesivo abuso de poder, en un pretendido “estado de derecho”.