El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo ayer que estudian la posibilidad de imponer medidas cautelares para impedir que importen juguetes que inciten a la violencia.Previo a dictar una conferencia en el Centro Cultural Narciso González, Domínguez Brito dijo que busca crear conciencia sobre la necesidad de que los padres generen una cultura de armonía en la familia dominicana y que esto tiene por finalidad crear una cultura de paz en esta sociedad.
La conferencia forma parte de las actividades al conmemorarse el Día Internacional de la Paz.
“Nosotros iniciamos hoy una demanda, un reclamo y vamos a tratar de utilizar instancias judiciales a los fines de que las próximas navidades se promueva, a través de los juguetes y los niños, una cultura de paz, educar para la paz con juguetes de vida”, expresó.
Refirió que el proyecto que lleva a cabo la Procuraduría en lo que respecta a la cultura de paz es uno de los más importantes porque están seguros de que “la violencia de una manera u otra se va generando en los hogares”.
“Con esto lo que queremos es llamar la atención de todos los importadores, de todos los negocios, centros comerciales que hoy se disponen a la importación de juguetes, que contribuyan, que hagan todo lo posible para que pistolas y otros juegos que promuevan la violencia, no lleguen, tan fácil a los niños”, señaló.
Domínguez Brito tuvo un conferencia-conversatorio con estudiantes de primaria de las escuelas públicas República Dominicana, Santa Ana, Centro Educativo Santa Cura de Ars y el Politécnico Santa Clara de Asís.
Habló de la necesidad de renunciar a todo lo que genera dolor y violencia en la familia, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Paz, organizada por la Comisión Interinstitucional Educando para la Paz.
La XI campaña “Regala Juguetes de Vida”
La conferencia dictada por el Procurador se enmarca dentro de las actividades previas al lanzamiento de la XI campaña “Regala Juegues de Vida”, que es parte del proyecto “Educar para la Paz”. La campaña inició en el 1999 fruto de un proceso de la Fiscalía del Distrito en la gestión de Domínguez Brito, que promovía las conciliaciones y resolución pacífica de conflicto.
