Aceptar un Código Penal que atente contra el derecho a la vida y la salud de las mujeres y contra su dignidad, es propio de una mentalidad anclada en las épocas más oscuras de la humanidad. Penalizar la interrupción del embarazo, incluso en ocasiones excepcionales como las que se presentan cuando la vida de la madre está en riesgo, es propio de un conservadurismo que aparentando lo contrario, realmente desprecia la vida, sobre todo la de las mujeres más pobres. Por esta razón, ha sido más que oportuna la observación realizada por el Poder Ejecutivo a los artículos que van del 107 al 110 de dicho Código. Esto da la oportunidad a los legisladores de corregir un grave error.
Los sectores de las iglesias que se han expresado en contra de esta observación están en el derecho de dar a conocer su punto de vista. Los que no pueden ceder a presión ni a chantajes son los legisladores. Los miembros del Congreso están en el deber de legislar en beneficio de la población sin responder a dogmas religiosos. Desde hace siglos, la principal conquista de la ilustración fue la separación entre razón y religión o entre Estado e Iglesia. El propósito fundamental del Estado es proteger a sus ciudadanos y ciudadanas, sean estos creyentes o no.
Con mucho menos razón, pueden los legisladores actuar sobre la base del oportunismo de estar bien con las iglesias. Con esto se trata de evitar que la jerarquía católica o evangélica afecte la campaña de los que buscan repostularse. Esto no es más que una deleznable forma de cambiar votos por derechos fundamentales, en este caso, los de las mujeres. Se desconoce además que los electores/as han aprendido desde hace tiempo, la diferencia que existe entre su práctica de fe y el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.
No puede haber subterfugios para no aceptar las observaciones que hizo el presidente al Código Penal. Las razones de estas observaciones están claramente planteadas en la comunicación enviada a la Cámara de Diputados.
La Constitución no obliga al Ejecutivo a que envíe una redacción alternativa, esta puede ser elaborada por los propios legisladores. Ojalá los congresistas asuman su responsabilidad de legislar en favor de la consolidación de un real Estado de derechos y aprueben las observaciones al Código Penal. Si se insiste en rechazar estas observaciones y en penalizar el aborto en situaciones excepcionales, se estará condenando a las mujeres dominicanas a morir y en caso de que opten por la vida, a ser encarceladas. ¡Qué gran absurdo!
