Mañana la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) cumple tres años y solo el tiempo ha concebido un balance sosegado sobre lo que ha significado para el país la decisión más trascendental que ha parido ese tribunal desde su creación en 2010. Este fallo que continúa arrastrando denuncias de personas en condición de apátridas, encaminó al país a enfrentar por única vez, de manera seria y masiva, el flujo migratorio de haitianos indocumentados.Los esfuerzos para llegar a este punto han sido cuantificablemente altísimos: las auditorías de la Junta Central Electoral a los libros del Registro Civil desde 1929 al 2007, por mandato del alto tribunal y para identificar a una parte de los afectados de la sentencia, costaron al organismo RD$241 millones y en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que también nació con el fallo, se gastaron más de 2,106 millones de pesos.
Para el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el país, Jorge Baca, el Estado dominicano ha corregido lo que significó la decisión del TC, con regularizar a los indocumentados y la ley 169-14 de naturalización, con la cual se buscaba que los hijos de extranjeros nacidos en el país normalizarían su estatus. “A partir de la sentencia se emitieron decisiones, medidas correctivas… Nosotros, la OIM, hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración y asistido, en la medida de las posibilidades, para solucionar de la mejor forma la situación de los haitianos en el país”, dice Baca.
“Nos alegra profundamente confirmar que el Gobierno creó un Plan Nacional de Regulación de Extranjeros. ¿Cuántos países lo han lanzado? Y además, la amplitud que éste ha tenido en comparación con otros países. Yo estoy totalmente convencido desde que llegué al país (agosto 2015) de que existe la voluntad del Gobierno y del Estado de tomar las medidas correctivas necesarias que permitan avanzar para ordenar los flujos migratorios”, subraya.
Del fallo hubo consecuencias: además de la condición de apátrida, al cierre del Plan de Regularización hubo una salida voluntaria de indocumentados y el Gobierno retomó las deportaciones. Las cifras oficiales señalaban que de enero a junio de este año, las salidas forzosas fueron de 17,666, de los cuales 17,580 eran haitianos. Para Amnistía, el grueso de “apátridas” está concentrado en el Grupo B que no pudieron registrarse para ser amparados con la ley de naturalización.
A estas alturas el Gobierno tiene tres retos para cumplir a largo plazo. El primero es seguir regularizando a los migrantes que llegan a República Dominicana y, a su vez, renovar bajo la ley de migración los documentos de los extranjeros que legalizaron su estatus migratorio a través del Plan Nacional de Regularización. El tercer reto está en llevar a feliz término la ley de naturalización tanto para el grupo A, por la cual la Junta Central Electoral debía entregar 55 mil documentos a los hijos de extranjeros inscritos en el Registro Civil, y el grupo B, que son 8 mil 755 hijos de extranjeros no inscritos cuya naturalización tardaría al menos dos años.
A tres años de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, República Dominicana ha dejado prácticamente en el pasado los intensos ataques de Estado racista y discriminatorio que nacieron con el mismo fallo. Claro, salvo en fechas cercanas al 23 de septiembre, cuando organismos como Amnistía vuelve una o dos veces al año para recordar la condición de apatridia que dejó el fallo, insiste en que la ley de naturalización no abarcó a todos los afectados y pide soluciones a largo plazo para este asunto. Para mañana viernes, Amnistía y activistas pro derechos humanos han convocado una protesta pacífica frente al Tribunal Constitucional.
Ley de naturalización vendría a ser solución
El fallo del Tribunal Constitucional despejó los criterios para obtener la nacionalidad dominicana por el derecho de suelo. La sentencia establecía que a los descendientes de personas que residían ilegalmente en el país, desde el 1929 al 2007, no les correspondía la nacionalidad dominicana. A raíz de esta decisión, por primera vez en la historia República Dominicana cerró un Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, con la cual 239 mil 956 indocumentados cumplieron con requisitos para legalizar su estatus migratorio. Además, la ley 169-14, que establecía un régimen especial para los nacidos en el territorio nacional inscritos irregularmente en el registro civil, vendría a remediar a afectados por la sentencia. Esa ley dividía a los impactados en el grupo A (hijos de indocumentados extranjeros inscritos en el registro civil) y el grupo B (hijos de indocumentados no inscritos).
RD$2,106 MM
Fue más que eso lo que costó al Gobierno el Plan de Regularización de Extranjeros, que era uno de los mandatos de la sentencia.
OIM
En el país reconoce los esfuerzos del Gobierno por la implementación de la ley de naturalización, otra obligación del fallo.
