El Colegio de Abogados calificó como extremista, imprudente y peligrosa la pretensión de algunos legisladores de realizar un juicio político al presidente de la República, mientras políticos de la oposición y de Gobierno tienen puntos encontrados sobre el tema. El dirigente político Emmanuel Esquea Guerrero “no le ve nada grave” a que el mandatario Danilo Medina sea interrogado por la versión de que supuestamente su campaña electoral recibió financiamiento de parte de la constructora brasileña Odebrecht, envuelta en un escándalo internacional por sobornos.
Miguel Surún, presidente del CARD, indicó que no se está en presencia de ninguna falta cometida por el mandatario.
“El presidente Medina ha establecido las facilidades y su disposición para que se investiguen todos los casos de corrupción, sobre todo el caso relativo a Odebrecht”, dijo Surún al tiempo que recordó que la Constitución de la República consagra la figura de juicio político en situaciones muy excepcionales.
Manifestó que el juicio político es un proceso de orden constitucional que se realiza ante el Congreso Nacional cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos, particularmente de los más altos cargos o autoridades.
Sin embargo, en este planteamiento difiere el abogado Esquea Guerrero, quien explicó que la Constitución es muy clara en ese sentido ya que establece que la Cámara de Diputados puede acusar al presidente ante el Senado por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
“Una falta grave es el financiamiento de una institución extranjera que precisamente se ha confesado como corruptora, sobornadora. Yo entiendo que esa es una falta grave que ameritaría un juicio político, ahora que resulte inocente o culpable eso lo dirá el Senado, que será el juez en ese caso, pero no hay porqué escandalizarse”, sostuvo.
Institucionalidad
Surún Hernández lamentó que la lucha contra la corrupción se ponga en riesgo y entredicho politizándose para tratar de afectar la estabilidad institucional de la República Dominicana.
En tanto que Esquea Guerrero considera que interrogar al presidente es una oportunidad de aplicar la institucionalidad que el país vive demandando.
Pero el diputado por el Partido Reformista Víctor (Ito) Bisonó ve esa posibilidad prácticamente imposible por la debilidad institucional del país y el control político que tiene el partido de gobierno en los estamentos del Estado. “No solo por la mayoría que tiene el PLD en la Cámara de Diputados y el Senado, sino que yo creo que el momento es oportuno para enfocarnos en la impunidad que hay en sentido general en la República Dominicana”, externó el legislador.
Empero, Bisonó estimó que la ciudadanía no se puede distraer y centrar la discusión de la transparencia en la figura presidencial.
“Por esto hago un llamado a no dejarnos confundir y distraer con el llamado único a que se investigue al presidente y pedirle al Poder Judicial que acabe de conocer, señalar y de condenar los casos que tiene pendientes”. Dijo que de enfocar la discusión sobre la figura única del presidente se estaría dejando de lado los casos de corrupción ocurridos en el país que han pasado por la Justicia y no tienen conclusión.
Expresó que lo que compete es realizar una investigación masiva empezando desde el Congreso.
“Comencemos desde el propio Congreso, por los que hemos estado aquí en los últimos 14 años, quienes hemos votado y eso va desde los congresistas hasta el presidente de la República”.
Sánchez Roa dice carece de fundamento
El senador peledeísta Adriano Sánchez Roa consideró que es imprudente y sin fundamento iniciar un juicio político a un mandatario que está ajeno a los recursos que supuestamente entregó la Odebrecht para campañas electorales y, sobre todo, cuando es él quien ha puesto de forma decidida que el Ministerio Público actúe sin contemplaciones. Dijo que ese planteamiento violaría el artículo 4 de la Constitución. Explicó que la interpelación a Medina, que preside el Consejo Nacional de la Magistratura, y donde cuatro legisladores son también miembros, tiene que ser sobre un caso que no haya llegado a la Justicia, porque si ya está en manos de fiscales y jueces, se convertiría en interferencia de poderes.
