La población crece pero la tierra donde habita y de donde se produce su alimentación no tiene posibilidad de expansión. Esa es una situación axiomática, pues no hay que hacer ningún esfuerzo extraordinario para comprobarla.
Por esa condición de población creciente y territorio estático y amenazado con reducción de áreas productivas, cobra fuerza el temor expresado por algunos sectores en torno al uso de tierras de uso o vocación agrícola.
Son varias las voces que han advertido sobre el riesgo que para la seguridad alimentaria del país implica dedicar tierras de vocación agropecuaria para construir urbanizaciones, a veces violentando áreas restringidas y dañando recursos naturales.
Una de esas voces es la del senador Adriano Sánchez Roa, quien propuso un proyecto de resolución a la Cámara Alta para que se hagan estudios técnicos y se adopten medidas que determinen y delimiten la utilización de suelos agrícolas en obras ajenas a la producción pecuaria.
El legislador y experto agrícola entiende que en el país urge elaborar y aplicar políticas destinadas a preservar los suelos agrícolas de calidad, y a promover el crecimiento vertical de la infraestructura habitacional del país.
La propuesta es menos abarcadora que la iniciativa concebida por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para dotar al país de una Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelos.
Pero puede ser más factible como medida de emergencia tendente a evitar que se continúe diezmando la tierra de vocación agrícola.
La aprobación de leyes muy abarcadoras, como la de Ordenamiento Territorial, tiende a ralentizarse, más si no hay un sector de presión empujando. Ahí están los casos de la Ley de Agua y sus dos décadas en espera y la Ley de Partidos Políticos y sus numerosas versiones y presentaciones. Esa dejadez selectiva parece que ha contagiado a la propuesta ley de Ordenamiento Territorial.
Mientras el proyecto duerme, el cambio de uso de terrenos agrícola a otras actividades no se detiene. De ahí la pertinencia de que se adopten medidas para poner fin a una tendencia que amenaza la garantía alimentaría de la que tanto se habla. l
