El Caribe

Editorial

PN e información

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La inseguridad generada por la ocurrencia de hechos violentos somete a las autoridades al cuestionamiento ciudadano, que duda de la eficacia de los procedimientos para capturar a los delincuentes o prevenir los crímenes.Por momentos esas autoridades lucen a la defensiva, como si no pudieran hacer nada. Durante algún tiempo hablaban de una percepción que en nada reflejaba la realidad.
Pero los hechos han sido tan rudos que las autoridades han optado por evitar la tesis de la percepción. Muchos pobladores la consideraban como una burla.

Hay quienes creen que los medios contribuyen a la multiplicación de la violencia cada vez que recogen acontecimientos trágicos. Pero los medios no son ajenos al manejo responsable de una realidad a veces cruda.

El privilegio de los procesos sociales y las construcciones ciudadanas no pueden inducir al ocultamiento del drama violento, que impacta las vidas de las personas, que aterra, ante la posibilidad de ser uno de los caídos.

Para la Policía resulta fácil informar parcialmente. Es una manipulación de los hechos que atenta contra el derecho a saber o a estar informado.

¿En nombre de qué predicamento o ley la Policía instituye la censura previa? ¿En nombre de la paz del cementerio? Ocultar los hechos criminales es una forma de asociarse a sus autores. Es estimular un silencio cómplice.

Nadie desea las malas noticias, pero si se producen no hay más alternativas que revelarlas, dentro de determinadas normas, lejos del amarillismo que igual alarma a la ciudadanía.

Pero si descubrimos que en un sector de la ciudad, o en determinada provincia o municipio, hay una constante en la criminalidad, es una responsabilidad de los medios divulgarla. Es un servicio público.

Muchos ciudadanos se orientan por los contenidos mediáticos acerca del modo de operación de los criminales, y las zonas de mayor ocurrencia de fechorías. Es una información que ayuda a la ciudadanía tomar previsiones.

La Policía no puede decidir qué informa. Eso es manipulación. Es una violación al derecho a la información.

Lo que debe hacer es concentrarse en la prevención y represión del delito, donde acusa sus mayores debilidades.


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