Economistas y editorialistas de la prensa nacional han alertado en las últimas semanas que la República Dominicana avanza firme hacia a una situación de insostenibilidad de la deuda pública.
Me uniría al coro si la fiscalidad dominicana en estos momentos estuviese enmarcada por una presión tributaria de 20% del PIB, un gasto público de 25%, un déficit consolidado del sector público de 5% del PIB y una deuda pública de 50% del PIB.
La República Dominicana no está próxima a caer en una situación de insostenibilidad de la deuda pública. Pocos países de la región cuentan con el elevado nivel de margen de maniobra con que cuenta el nuestro para esquivar la insostenibilidad. Nuestra economía, después de la guatemalteca, es la de menor presión tributaria de la región, con 13.7% en el 2016.
Lo anterior revela que tenemos un amplio margen para mejorar la fiscalidad a través de un aumento en la presión tributaria.
Cuando contrastamos el nivel de la presión tributaria estimado para el 2017 (13.8%) con el determinado para el 2017 (17.2%) por las metas quinquenales de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) promulgada el 25 de enero del 2012, encontramos un rezago de 3.4 puntos porcentuales del PIB, cercano al déficit del sector público consolidado del año pasado (4.1%).
Si hubiésemos cumplido con lo establecido en la END en materia de presión tributaria, los déficit del sector público consolidado, ceteris paribus, habrían sido significativamente más bajos que los registrados en todos los años del período 2013-2016. En el 2015, en vez de 4.6% del PIB, habría sido de 2.1%; en el 2016, en vez de 4.1% habría sido de 1.2%; y este año, en vez del estimado de 3.7%, terminaría en 0.3%, producto de un superávit de 1.1% del PIB en las cuentas del sector público no financiero y un déficit cuasi-fiscal del Banco Central de 1.4% del PIB.
¿Qué habría pasado con la deuda pública si hubiésemos cumplido con el mandato de la END en materia de presión tributaria? Que en vez de representar el 47.6% del PIB en el 2016, habría sido de 36.2%, un nivel que no llevaría a los economistas y editorialistas de la prensa a pronosticar una hecatombe macroeconómica; mas aún teniendo en cuenta que la tendencia a la baja continuaría en la medida que la presión tributaria siguiese transitando por el sendero trazado en la END.
Como se puede observar, tenemos un margen considerable por el lado de los ingresos tributarios para garantizar una trayectoria de deuda pública sin riesgo de insostenibilidad. La situación es más holgada si se tiene en cuenta el reducido nivel del gasto público que exhibe la economía dominicana.
El año pasado el gasto del Gobierno General representó el 17.4% del PIB, el segundo más bajo después de Guatemala. Cuando comparamos el gasto del Gobierno General de República Dominicana en el 2016 con el promedio de la región, 29.2% del PIB, queda claro que el déficit del sector público consolidado que hoy exhibe nuestro país no tiene su origen en una política de gasto público excesivo como erróneamente han querido hacer creer algunos economistas, analistas, políticos y editorialistas de la prensa.
Lo anterior no quiere decir que no haya espacio para mejorar la calidad y efectividad del gasto público. Todos sabemos que eso es posible y necesario. Lo que resulta absurdo es que se plantee la solución del déficit de las finanzas públicas a través de una irracional e indefendible reducción del gasto público en un país donde las crecientes necesidades de la población y de infraestructura física presionan en la dirección contraria. El problema no es de gastos, es de ingresos.
Si la República Dominicana tuviese un serio problema para manejar su deuda pública, hace rato que las firmas calificadoras de riesgo habrían reducido la calificación otorgada a la deuda soberana del país. Lo que se observa es que en los últimos cuatro años somos junto a Argentina, Colombia y Perú, uno de los cuatro países de la región que han visto mejorar su calificación y/o perspectivas otorgadas por Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch. Las tres firmas calificadoras de riesgo, el FMI, el BID y los bancos globales de inversión que dan seguimiento constante a nuestra economía, han realizado simulaciones sobre nuestra fiscalidad.
Todos han percibido que una reforma fiscal que lleve los ingresos fiscales a niveles razonables, aunque todavía muy por debajo del promedio de la región, provocaría que la deuda pública, como porcentaje del PIB, comenzaría a reducirse.
Ninguna de esas entidades ha planteado que el desbalance fiscal dominicano tiene su origen en un excesivo gasto público. ¿Por qué? Porque son sensatos y reconocen que el gasto público en nuestro país es relativamente bajo cuando se compara con el resto de la región.
Lo que esperan es que el país retome el camino de las reformas trazado en la END, realizando una revisión profunda e integral de un sistema tributario que no ha sido capaz de generar ingresos razonables para un Estado que tiene que atender las necesidades de aquellos que no pueden sostenerse por sus propio medios, proveer servicios de salud y educación cada vez de mejor calidad, e invertir en la infraestructura física que necesita nuestra economía para seguir siendo cada vez más competitiva y eficiente.
El gasto público en cualquier economía se financia con impuestos que pagan las presentes generaciones, endeudamiento que no es otra cosa que impuestos que pagarán las futuras generaciones, o el impuesto inflacionario. Si continuamos trillando el camino de trasladar cada vez más carga a las futuras generaciones, nuestros hijos y nietos van a heredar una economía inviable, producto de nuestra irresponsabilidad de no cumplir con las metas de la END.
Es cierto que las restricciones políticas en ocasiones son de tal magnitud que desde el punto de vista político la sensatez apuntaría a seguir dependiendo del endeudamiento, evitando exigir a las presentes generaciones que cumplan con su cuota de responsabilidad.
Una vez esas restricciones hayan cedido, resulta impostergable cerrar la creciente brecha existente entre la presión tributaria actual y la establecida en la END. Si no lo hacemos, las dos opciones que tendríamos por delante, el incumplimiento o el impuesto inflacionario, nos ajustarían duramente, vía cantidades o vía precios. Con o sin Pacto, la brecha debe ser corregida, por el bien de todos. l
