Ley de tránsito

La República está implantando en estos días la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con muchísimas implicaciones. La primera es que decreta el cierre de la Dirección General de Tránsito Terrestre, la Oficina&#823

La República está implantando en estos días la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con muchísimas implicaciones. La primera es que decreta el cierre de la Dirección General de Tránsito Terrestre, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, el Consejo de Administración y Regulación de Taxis, la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los Choferes y el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre. No sabemos si también disminuirá la burocracia.

Con la nueva ley surge el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Imaginamos que quedarán atrás las duplicidades, no de órganos que ya no existen, sino departamentales y puestos. Sus atribuciones son amplísimas, desde otorgar una licencia de conducir, hasta regular todo lo relativo a transportación terrestre, rutas, seguridad vial, etcétera.

Tiene a cargo, para no entrar en muchos detalles, la planificación, diseño y ejecución de la política nacional de movilidad, transporte terrestre nacional e internacional, tránsito y seguridad vial, según la ley.

Esa es una tarea muy grande, ciclópea, en una República donde el sentido de respeto a las normas es precario. En este preciso momento de moda de la sigla Intrant, cuando se advierte que hasta los peatones serán sancionados si no se someten a las reglas de movilidad urbana, continúan observándose las malas conductas ciudadanas.

Conductores que sin el menor miramiento, como si fuese un placer, cruzan los semáforos en rojo, se estacionan en cualquier sitio e irrespetan las indicaciones de aproximación a las intersecciones. La ley del “más grande” se impone en las calles y carreteras.

La nueva entidad está llamada a resolver los desórdenes en las calles y carreteras, a instituir las regulaciones en la materia, pero no debe olvidarse que son los mismos dominicanos los sujetos que habrán de someterse a su rigor.

Si el Intrant o sus responsables no agotan un período, que ha de ser toda la vida, de educación ciudadana sobre esta materia, será como si no existiese una nueva ley y una intención reformadora.

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