El Caribe

Editorial

Garante de la paz

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El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional finalmente condenó a Blas Peralta a 30 años de prisión por el asesinato de Mateo Aquino Febrillet, el ejemplar ciudadano que dedicó su vida a la educación. Fue rector de la UASD y quería continuar sirviendo al país como senador.Ayer, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también sentenció a 30 años de prisión a un tal Edison Pérez, alias Campe, por el asesinato del sargento mayor de la Policía Marcial Domingo Sánchez Otaño.

La muerte de Aquino Febrillet ocurrió el 11 de marzo de 2016, en plena campaña electoral. Fue un hecho que conmocionó al país. El procesado recurrió a todos los medios para aletargar el proceso, con el propósito de ganar tiempo hasta que se apaciguara la indignación nacional, confiado en la precaria memoria histórica de los dominicanos.

El sargento policial fue asesinado el 9 de marzo del año pasado, y pese a que no contaba con los recursos de Blas, igual vino a recibir sentencia condenatoria en el mismo lapso.
En cualquier caso, y en atención a la cultura judicial dominicana, los tribunales procesaron a esos inculpados en un período relativamente corto.

Las condenas vienen al caso por lo siguiente: se atribuye al pobre desempeño de los aparatos represivos del Estado el ambiente de inseguridad predominante. Ese es solo uno de los factores. Tanto o más importante es la falta de sanción penal.

Esta vez la sociedad ha podido ver que dos individuos que cometieron hechos gravísimos, que acabaron con la vida de dos personas y provocaron graves daños a terceros, atentaron contra el clima de paz y la convivencia social, recibieron las sanciones condignas.

Una investigación adecuada del ministerio público y el ejercicio de una justicia en los términos en que la sociedad espera, contribuye a generar confianza ciudadana.

Asimismo, se envía una señal clara de que los crímenes conllevan sanciones, que la justicia puede dilatarse, pero al final logra su cometido.

La justicia debe ser la mejor garante de la paz social. Para que cumpla su cometido, los tribunales tienen que sancionar los delitos y crímenes con todo el peso de la ley. 


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