Están en el ambiente aspectos relevantes de la vida de los trabajadores, de manera dispersa. No se sabe si con un propósito, o por mera coincidencia, o resultado de un “estado de cosas”, sin una dirección clara. Mismas condiciones que dan lugar a decisiones, a veces traducidas en normas inaplicables o fuentes de conflictos.
El presidente Danilo Medina sometió al Congreso un proyecto de ley de disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) y consecuentemente la creación del Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales (Inaril).
Igual, otro orientado a producir modificaciones a la Ley 87-01 de la Seguridad Social de amplio alcance, que impactaría en una u otra dirección a los empleadores y a los trabajadores.
La liquidación del IDSS venía siendo reclamada hace tiempo, porque ha quedado desfasado desde que se promulgó la ley 87-01 y porque en la práctica ya no podía cumplir su misión.
Asimismo, se busca introducir cambios en esa ley que, según el propósito anunciado, contribuirían a proteger a algunos trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social.
Los cambios en la ley fortalecerían también la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA); también se pretende modificar el esquema de beneficios de la Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), para algunos lesivos al interés de los trabajadores.
Todas esas intenciones se asumen fundadas en la buena fe, en mejorar la vida de los trabajadores, pero surgen las dudas.
Es simplemente el resultado de que esos proyectos son elaboradores sin someterlos a un proceso previo de discusión de las partes, de quienes podrían ser afectados o pretendidamente beneficiados.
Se cree que quieren meter gato por liebre, desnaturalizando la función del Estado, que debe estar orientada a proteger a los más vulnerables.
También se habla de una supuesta pretensión de eliminar el artículo 80 del Código Laboral sobre el régimen de cesantía, lo que coincide con la discusión del ajuste del salario mínimo.
Los proyectos sometidos al Congreso y las ideas de reforma del Código Laboral, no deben solapar nada que represente pérdida para los derechos adquiridos, que no deben ser disminuidos.
