Ha habido una involución institucional. Se ha hecho lo que no debía volverse a hacer. Hemos vuelto al tráfico de influencia, a los favores retribuidos, al desorden y arbitrariedades institucionales. En materia electoral, de nuevo al fraude y esta vez al matadero electrónico y digital.
Participación Ciudadana ha presentado un Segundo informe sobre su observación electoral, de donde he extraído dos párrafos: “Las autoridades electorales no lograron limitar la irrupción de los altos funcionarios como jefes de la campaña del candidato oficialista, en violación a la equidad que dispone la Constitución y las limitaciones de las Leyes de Función Pública y de Régimen Electoral. Una novedad del proceso fue la excesiva participación del gobierno en unas primarias internas, situación que ha incrementado los temores de que en las elecciones del 2020 esta situación se repita y hasta se incremente, al enfrentarse a la oposición. Las primarias del Partido de la Liberación Dominicana se caracterizaron por la abierta participación de los funcionarios gubernamentales, el abuso de los recursos públicos, la propaganda desmesurada y desproporcionada a favor del candidato oficial y sospechas de que se repitió la utilización como financiadores de los contratistas, suplidores y consultores del Estado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.”
El siguiente párrafo expresa:
El festival de comercialización de votos y hasta de cédulas alcanzó dimensiones sin precedentes, a la vista de todo el que quiso verlo, sin que ninguna autoridad interviniese. La observación de PC registró que, en la tercera parte de los recintos de votación, muchos ciudadanos, especialmente del nivel de la pobreza, vieron la elección interna como una oportunidad para recibir regalos de todo tipo, incluyendo dinero en efectivo. Estos porcentajes podrían ser mayores porque en muchos casos la presencia de los observadores alerta a los comerciantes del voto, quienes ocultan su actividad hasta que estos se retiran. Las autoridades, incluyendo la Policía Electoral, se mostraron indiferentes al mercado de compra y venta de votos que se desarrolló públicamente”.
Pasa luego a destacar, lo que ya ha puesto de relieve el Dr. Leonel Fernández:
“Así a las 5:45 pm, a una hora y cuarenta y cinco minutos del cierre, ya se había transmitido e informado el 72.07% de las mesas y una hora más tarde, específicamente a las 6:45 pm, un 89.73%. Sin embargo, esta ventaja ha quedado opacado porque las irregularidades especificadas en el punto anterior arrojaron grandes sombras al proceso, incluyendo la transparencia del voto automatizado”.
Inmediatamente indica que es a propósito de ese aspecto que el Dr. Fernández pasó, en esa misma noche, a denunciar el fraude. Lo que se ha hecho desde el Palacio Nacional ha sido un desafió al régimen democrático y al Estado de derecho. Cuando, en cambio, su obligación es garantizar el respeto a las normas legales y constitucionales, como la primera responsabilidad que ha de tener un presidente y su equipo de ministros y funcionarios. Pero no, hizo todo lo contrario, creyéndose dueño del Poder. En un país organizado, un proceso tan viciado da lugar a su nulidad, llevándose consigo a sus organizadores y al Presidente del país, tan cuestionado como el principal y colocado al borde del desplome. Verlo caer de rodillas, ante la fuerza del pueblo en los próximos comicios será una lección histórica.
