Las autoridades penitenciarias mantienen las medidas de restricción para evitar la propagación del COVID-19 en las cárceles del país, sin embargo, hasta el momento no han anunciado otras más estrictas.
El pasado miércoles, la Procuraduría General de la República (PGR) restringió las visitas a los internos para reducir el riesgo de contagio, y en caso de ser necesarias, deberán ser solicitadas para permitirles el contacto vía telefónica. También, se les permitirá a los familiares, en los recintos que aplique, que puedan llevarles algunos artículos, sin contacto físico, a través de ventanilla.
Al respecto, la Academia Regional Penitenciaria (ARP) recomendó la suspensión total de las visitas a internos y también al personal, con excepciones de los vehículos de carga con suministros de alimentos, de salud, de seguridad, entre otros.
El órgano judicial informó que actualmente no han aplicado otras medidas que no fueran las ya anunciadas la semana pasada para proteger la salud de los empelados penitenciarios, y de las 26,078 personas privadas de libertad (25,367 hombres y 711 mujeres), quienes están distribuidas en las diferentes cárceles del nuevo y el viejo modelo penitenciario.
Por el momento se mantienen como medidas de prevención el chequeo de las condiciones de salud, así como la realización de jornadas de higiene y charlas de orientación.
La PGR dijo que suspendieron todas las actividades educativas, incluyendo los programas de educación básica y universitarios, así como todas las actividades grupales que estaban programadas en dichos centros. Explicó que también dispuso la realización de jornadas de limpieza e higienización de los recintos penitenciarios. Ordenó charlas de charlas de orientación y concienciación y la ubicación de espacios regionales de aislamiento para los casos de internos que pudieran presentar síntomas afines al virus.
Reclusos prenden cárcel de la PN en Dajabón
Dajabón. Al menos 11 reclusos de los que guardan prisión en el destacamento de la Policía, a espera de conocerles medidas de coerción, y otros condenados, fueron traslados a centros de salud por la inhalación de humo, luego que incendiaran el recinto, porque alegadamente están enfermos y no los atienden. Los reos fueron llevados al Hospital Matías Ramón Mella.
