No hay dudas de que el coronavirus COVID-19 dejará lesiones y lecciones en las finanzas públicas dominicanas.
Aumento del déficit fiscal, incremento del endeudamiento público y restricción o ralentización en la ejecución de algunos proyectos de inversiones contemplados en el Presupuesto serán algunas de las consecuencias que se reflejarán en la ejecución presupuestal corriente, por el impacto del virus, que crece aceleradamente en el país, con mayor velocidad en la provincia Duarte.
Los gastos extraordinarios a los que se encamina a incurrir el Gobierno, en procura de enfrentar la expansión del virus, y su impacto en el Presupuesto General del Estado 2020, servirán de guías para futuras formulaciones y diseños presupuestarios. Y también dejará al desnudo la fragilidad, la falencia que rodea a las finanzas públicas para enfrentar situaciones de contingencias fuera de las causadas por fenómenos naturales, que aunque siempre crean dificultades financieras, su cuantía es previsible, o al menos se hacen estimados y proyecciones.
La contingencia de ahora, de origen sanitario, ha puesto sobre el tapete, ha desempolvado el tema relativo a la necesidad de una discusión fiscal de profundo alcance, que toque todos los componentes presupuestarios, como gastos, ingresos y financiamiento.
Ver el Presupuesto público como un instrumento de desarrollo y también de protección social será un mandato con mayor rigor en el futuro. La provisión de medicamentos y equipos médicos deberá hacerse en el futuro bajo una óptica diferente y diferenciada.
Son situaciones que se derivan del impacto que el COVID-19 está generando en el manejo presupuestal. Los primeros cálculos de gastos extras afrontados por el Gobierno refieren volúmenes de recursos por alrededor de RD$35,000 millones. Son sumas no definitivas porque por el desarrollo o evolución del virus, se espera que haya necesidad de identificar nuevas acciones oficiales de control y combate, que requerirán de nuevas asignaciones, quizás tan voluminosas como las ya identificadas.
En una situación de calamidad nacional, como la que se ha presentado en el país, el monto del gasto agregado es difícil de establecer. Y si es difícil de cuantificar, más será limitarlo. Es sencillamente imposible ponerle tope al nivel de gasto que se demande para enfrentar una calamidad pública. Que la situación actual sirva de aprendizaje colectivo.
