Madrid, 20 abr (EFE).- El Parlamento español será el escenario final donde se negociará un acuerdo nacional para la reconstrucción económica y social tras la epidemia de la COVID-19, que ya supera los 200.000 casos y deja casi 21.000 muertos en el país.
A pesar de la gravedad de las consecuencias de la pandemia en España, este lunes se registró el número diario más bajo de fallecimientos en cuatro semanas, 399.
El estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo seguirá probablemente hasta el 9 de mayo. Y continuarán el confinamiento drástico de la población, la paralización total de sectores tan importantes como el turismo y el cierre de infinidad de actividades comerciales para contener la epidemia.
En un informe publicado hoy, el Banco de España calcula que la economía española se contraerá este año entre un 6,6 y un 13,6 por ciento, una caída del PIB «sin precedentes», que dependerá de si el confinamiento dura ocho o doce semanas.
Estima también que el déficit público estará este año entre el 7 y el 11 por ciento del PIB -en 2019 fue el 2,6 %- y que la deuda pública se elevará a entre el 110 % y el 120 % del PIB (95,5 % en 2019).
El Gobierno español propondrá a la cumbre de líderes de la Unión Europea del próximo jueves crear un fondo de entre un billón y un billón y medio de euros para buscar la recuperación tras la pandemia, que debería financiarse mediante deuda europea perpetua, con atención especial a los sectores más afectados por el cierre de actividad, como el transporte y el turismo.
En estas circunstancias, el Gobierno está repitiendo desde hace semanas la necesidad de lograr un gran consenso político y social en España para salir de la crisis, recuperar el crecimiento y el empleo y fortalecer el sistema sanitario. Y también el de protección social.
El número de personas atendidas por los servicios sociales puede pasar en los próximos meses de seis a diez millones a causa de la crisis sanitaria, alertó la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Y tras unas semanas de tensión y reproches mutuos, el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el conservador Pablo Casado (Partido Popular, PP), acordaron hoy que las medidas para la recuperación socioeconómica se debatan en una comisión parlamentaria proporcional a la representación de los grupos políticos del Congreso de los Diputados.
No era exactamente el plan inicial de Sánchez, que se había reunido días atrás telemáticamente con los representantes de la mayoría de fuerzas parlamentarias para convencerlos de que participaran en una mesa de diálogo directo con el Gobierno, algo que rechazaba el PP.
La ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, aseguró en rueda de prensa que «lo de menos es el formato», sino que todos los partidos hagan aportaciones.
En la propuesta inicial de trabajo, el Gobierno incluía también foros para discutir un eventual acuerdo con los agentes sociales (sindicatos y empresarios), las regiones y los ayuntamientos.
Tras entrevistarse con Sánchez, Casado se mostró dispuesto a apoyar el miércoles en el Congreso la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo
A cambio, reclamó a Sánchez medidas como más material sanitario y de test masivos de coronavirus; garantizar las «libertades democráticas» -considera que hay «limitaciones» a la libertad de expresión por parte del Ejecutivo-, apoyo a los desempleados, y liquidez y exenciones fiscales para empresas pequeñas y autónomos.
En el plano sanitario, el múmero de fallecidos diarios descendió por tercera jornada consecutiva hasta 399, el más bajo de las cuatro últimas semanas, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Hoy se registraron 2.881 infectados, según los criterios epidemiológicos iniciales, a los que habría que sumar otros 1.385 más debido a los nuevos test realizados a «casos antiguos», hasta sumar 4.266 contagios nuevos, que suman 200.210 en total, un 2,2 % más.
Además, 80.587 personas fueron dadas de alta, un 4,14 % más que un día antes, y suponen un 40,25 % de todos los casos conocidos.
Otra buena noticia es que se mantiene la ralentización de los nuevos hospitalizados e ingresos en unidades de cuidados intensivos, con un 0,7 y 0,8 % más, respectivamente.
«La incidencia está bajando mucho; incluso más de lo que pensábamos», afirmó esperanzado el epidemiólogo Fernando Simón, el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
El Gobierno español sigue cauto sobre cómo y cuándo será la «desescalada» del confinamiento de la población, siempre de manera ordenada, progresiva y «asimétrica» por zonas, según evolucione la epidemia.
Sobre la salida de los niños de sus domicilios brevemente a partir del 27 de abril, no será para jugar ni juntarse con otros, apuntó Simón.
