Con la aprobación de la resolución del Congreso que autoriza al Poder Ejecutivo a declarar el estado de emergencia durante 45 días para mejorar el plan de prevención y combate de la COVID-19, el país entra en una nueva fase.
Es otra oportunidad para que el gobierno haga el mejor uso de los recursos disponibles, y especialmente, propicie un esfuerzo concentrado para encarar la pandemia.
En el pasado reciente la lucha contra la COVID-19 se vio lastrada por la campaña electoral y con ella la determinación de los actuales gobernantes por permanecer en el poder.
Y fue más allá de lo prudente en pretender capitalizar las acciones del Estado en provecho político. Ese comportamiento está más que documentado, y no se pretende enrostrar, sino recordar, porque tampoco hay lugar ni necesidad. Pero la memoria no debe ser borrada.
El peor error fue asumirse autosuficiente, que el gobierno lo podía todo, al margen de los diferentes actores de la sociedad. Fue lamentable cómo el gobierno desoyó las ofertas de colaboración.
No se puede negar que también había motivaciones políticas, pero la parte más grande del abanico social se movía con un sincero empeño en contribuir en una lucha nacional.
Ya aprobada la emergencia, y en vista de que estamos en medio del traspaso de mando, lo primero que debe hacerse es integrar a quienes quisieron estar y al resto de la sociedad deseosa de colaborar.
Una campaña de esta envergadura requiere que los ciudadanos la oigan, la entiendan y la asimilen. Y que se integren cuidando su salud y cooperen respetando las normas.
El estado de emergencia no puede ser solo para autorizar al Poder Ejecutivo a decretar un toque de queda, otras formas de excepción, o para disponer la erogación de recursos. Va más allá.
Es una delegación de potestades del Congreso para obrar por el bien común con el más elevado sentido de servicio público.
Aprobada a unanimidad en las dos cámaras, con un sentido unitario, debe asimismo ser recibida como instrumento inspirador para gobernantes y gobernados.
La actual administración y las autoridades electas tienen una grave responsabilidad en entender el momento. Se requiere planes y programas asertivos, y acción, en todos los sentidos.
Y apoyo de todos.
