Las personas de bajos ingresos económicos que cursan carreras universitarias sin soporte de una beca, o mediante el sustento del trabajo propio, lo hacen bajo el riesgo de deserción.
Muchos factores concurren. La pérdida de la beca o del empleo, o cualquier evento que altere el medio de sustentación.
En tiempos modernos esa realidad ha ido modificándose, porque un porcentaje de los estudiantes de las provincias ya puede realizar algunas carreras en sus localidades, con costos menores, pero si por elección deben trasladarse al Gran Santo Domingo, el mundo se les complica y cualquier factor los expulsa de las aulas.
Ahora, cuando más de 90 mil jóvenes dejaron los estudios por los efectos colaterales de la COVID-19, asistimos a un mundo nuevo en que el Estado desarrolla músculos asistenciales totalmente desconocidos en el pasado.
Ante tan masiva deserción, la Asociación Dominicana de Universidades documentó la realidad con el acompañamiento del ministerio de Educación Superior. Al mismo tiempo, Progresando con Solidaridad (Prosoli) y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) consolidaron la data para determinar quiénes requerían de la asistencia pública para posibilitar el retorno de los estudiantes a sus academias.
Estamos ante una visión de modernidad. Un conjunto de instituciones privadas y públicas que orientan inquietudes y acciones en función de las necesidades ciudadanas.
Y surge el programa “Estudio Contigo”, mediante el cual se asistirá a quienes dejaron sus carreras por la crisis.
El gobierno tiene disponibles 200 millones de pesos para financiar el programa, lo que permitirá que esos jóvenes puedan continuar con sus sueños. Muchos de ellos están a punto de concluir sus estudios.
Este es un indicador de que la sociedad dominicana avanza, y que el gasto se orienta en función de las personas. Y eso debemos valorarlo en su justa dimensión.
Valoremos esta manera de cumplir con la función pública. Es justo reconocerlo, aunque cualquiera diga que para eso tienen un mandato de la ciudadanía.
