Santo Domingo. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), clausuró una fábrica de cartón en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. El establecimiento era operado por ciudadanos de origen asiático. Durante la inspección, las autoridades detectaron irregularidades relacionadas con la falta de permisos comerciales, el uso de suelo y el almacenamiento de combustibles.
El operativo contó con el apoyo de la Dirección General de Migración (DGM) y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Durante la actividad, se dispuso la paralización de las obras y se desmanteló un depósito de combustible que funcionaba sin las autorizaciones correspondientes.
Asimismo, las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros de combustible y retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en RD$2.25 millones.
Fábrica de cartón operaba sin permisos en San Antonio de Guerra
De acuerdo con el informe oficial, el establecimiento, identificado como Fábrica Cartesa, carecía del Certificado de Uso de Suelo. Asismismo, no contaban con las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades comerciales.
Además, las autoridades detectaron presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, por lo que la Dirección General de Migración intervino para verificar su situación migratoria en República Dominicana.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones ordenó la paralización de los trabajos de construcción debido a incumplimientos de la Ley 687-82.
La intervención forma parte de las acciones de fiscalización que desarrollan las instituciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a las actividades industriales y comerciales.
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Desmantelan depósito irregular de combustible
Durante la inspección técnica, miembros del CECCOM identificaron un almacén de combustibles. Según las autoridades, operaba sin cumplir las regulaciones establecidas en la Ley 112-00 de Hidrocarburos.
En consecuencia, procedieron a desmantelar el depósito y ocupar un tanque con capacidad para 5,000 litros, además de retener 1,000 galones de gasoil.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes estimó en RD$2,250,000 el valor conjunto de los bienes y el combustible ocupados durante la intervención.
Complejo industrial tenía tres naves y edificio de cuatro niveles
La inspección también permitió identificar la dimensión de las instalaciones de Cartesa, integradas por tres amplias naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.
En el interior del complejo, los agentes localizaron el área utilizada para el almacenamiento irregular de combustibles.
Además de las irregularidades comerciales, las autoridades detectaron incumplimientos de las disposiciones que regulan la construcción y el funcionamiento de establecimientos industriales.
Por esta razón, el MIVHED dispuso detener los trabajos de la obra, mientras las instituciones competentes realizan las actuaciones correspondientes.
Yayo Sanz Lovatón advierte sobre cumplimiento de las leyes
Al ofrecer detalles de la intervención, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, conocido como Yayo, reiteró que República Dominicana es un país abierto a las inversiones extranjeras y al desarrollo de actividades comerciales.
Sin embargo, precisó que las empresas interesadas en establecerse en territorio dominicano deben cumplir las leyes, regulaciones y requisitos exigidos por las autoridades.
En ese sentido, el funcionario destacó la importancia de garantizar que las operaciones industriales y comerciales se desarrollen dentro del marco legal vigente.
El operativo fue realizado de manera conjunta por el MICM, el CECCOM, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Hasta el momento, el informe oficial no precisa la cantidad de extranjeros detenidos ni las sanciones que podrían imponerse a los responsables de las irregularidades detectadas.
