La causa de muerte de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, fundador y líder del grupo armado Sendero Luminoso, fue una «neumonía bilateral causada por un agente patológico», según un comunicado del Ministerio Público peruano.

Guzmán falleció el pasado sábado a los 86 años, mientras cumplía cadena perpetua en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, en Perú.

El Ministerio Público informó que para lograr su «identificación plena» está a la espera de los resultados de pruebas biológicas, de ADN, dactiloscópica, odontograma y antropológica. Los resultados serán incorporados a la investigación realizada por la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao.

En el escrito se informó que los restos de Guzmán deberán ser entregados a los familiares directos debidamente acreditados, conforme a la Ley General de Salud y el Código Procesal Penal.

 

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Destino de los restos

En este sentido, Iris Yolanda Quiñonez Colchado, identificada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como ‘Bertha’, quien habría formado parte de Sendero Luminoso y que se encuentra actualmente en libertad, reclamó la entrega del cuerpo a la Fiscalía. Según el Ministerio Público, Quiñonez tiene un poder otorgado por la esposa de Guzmán, Elena Iparraguirre Revoredo, quien cumple una condena de cadena perpetua por terrorismo.

Iparraguirre, quien estaba recluida en el penal Virgen de Fátima de Chorrillos, fue incomunicada y trasladada el domingo a un penal de máxima seguridad por haber hecho unas llamadas «que ensalzan hechos legales vinculados con el terrorismo», tras conocer la muerte de su esposo, según un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Al respecto, el Gobierno de Pedro Castillo expreso en un tuit que, en respeto a la independencia de poderes, no le corresponde «decidir sobre la disposición final del cuerpo del terrorista Abimael Guzmán, pues es competencia del Ministerio Público».

Según un trino del abogado peruano Carlos Caro Coria, Quiñonez Colchado tendría que tener, además del poder de la esposa de Guzmán, un «poder notarial». Si esto no ocurre en 36 horas, es el Estado el que debe decidir el destino de los restos.

 

 

 

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