Los que un día supuestamente sirvieron a la red sindicada al mayor general Adán Cáceres, para desviar más de cuatro mil millones de pesos de entidades públicas, serán testigos del Ministerio Público (MP) para sustentar la acusación contra los implicados en los casos Coral y Coral 5G.
De los más de 400 testimonios que los fiscales anticorrupción han ofertado en la acusación formal contra Cáceres y otros 29 imputados, se encuentran varias de las “cabezas recolectoras”, que supuestamente se encargaban de buscar personas para figurar en las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), que luego tenían que devolver la mayor parte del dinero a la alegada organización criminal.
Tanto así que la lista de 439 testigos presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), las “cabezas recolectoras”, son de los primeros, quienes, dice el órgano acusador, darán detalles de cómo funcionaba el esquema de desvío de dinero que dicen fue encabezado por Adán Cáceres, exdirector del Cusep; el general Juan Carlos Torres Robiou, quien dirigía el Cestur, y el coronel Rafael Núñez de Aza, alegado cerebro financiero de la red. Los tres guardan prisión preventiva por este caso.
¿Cuál era la función de los recolectores?
De acuerdo a lo establecido por la Pepca, oficiales que tenían esta función reclutaban a otros militares que estuvieran asignados a otras instituciones o que no tuvieran funciones en específico, luego presentaban el candidato al mayor Raúl Girón, imputado en este caso, quien, dicen, los depuraba junto al coronel Núñez de Aza, y solicitaban su incorporación al en Cusep y Cestur, lo cual era aprobado supuestamente por Cáceres y Torres Robiou.
Explican que, posteriormente los militares seleccionados devengaban entre 20 mil y 70 pesos mensuales los cuales, agrega la Pepca, debían ser devueltos en su totalidad y en ocasiones podían quedarse desde 2 mil a 10 mil pesos dependiendo de la cantidad asignada. El dinero, afirma el órgano acusador, eran recogidos por las “cabezas recolectoras”, quienes, posteriormente tenían que entregarlos al coronel Núñez de Aza, alegado cerebro financiero de la red.
Pero no solo las “cabezas recolectoras” testificarán contra los imputados, lo harán también los militares que presuntamente figuraban en las nóminas del Cusep y Cestur y que tenían que devolver el dinero a la red de corrupción. Dice la Pepca que explicarán a quiénes debían entregar las cantidades de dinero.
Esta modalidad de desvío de dinero no era la única que presuntamente utilizaron los imputados, pues el órgano acusador ha dicho que también o hacían con las compras esporádicas, en combustible, en viáticos, en inteligencia, entre otros conceptos.
“Estamos frente a una acusación que contienen un conjunto de hechos que unido con las pruebas, evidencian que estamos, sin lugar a dudas frente a actos propios de la criminalidad organizada”, dice en el documento la Pepca, que acusó formalmente a 30 personas por los casos Coral y Coral 5G.
