Covid-19 paraliza dos casos de corrupción

Argenis Contreras, conducido a juicio.

Dos procesos judiciales sobre actos de corrupción tuvieron que ser suspendidos por varios días debido a que el coronavirus está afectando, en un caso a una jueza y en el otro a un imputado.
Se trata del juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht, y la audiencia preliminar de Argenis Contreras, implicado en la muerte del abogado Yuniol Ramírez y los actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

El caso Odebrecht fue suspendido por tercera ocasión consecutiva, debido a que la jueza Jissel Naranjo, integrante del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, se contagió de la covid-19, junto a otros familiares.

El juicio se ha mantenido paralizado desde el lunes 14, y volverá a reanudarse el jueves 8 de julio. Así lo informó ayer la jueza presidente Gisselle Méndez, quien explicó que la magistrada Naranjo se encuentra a la espera del resultado negativo para retornar a sus labores.

La suspensión se amparó, dijo Méndez, en el artículo 315 del Código Procesal Penal que dispone que el juicio podrá ser suspendido por un período máximo de 10 días, ante la indisponibilidad de los jueces, el imputado, su defensor o el representante del Ministerio Público. Junto a Méndez y Naranjo, integra en el tribunal la magistrada Tania Yunes.
Cuando el juicio se reanude, el imputado Conrado Pittaluga iniciará a presentar sus pruebas a descargo.

En el caso de la preliminar de Argenis, la jueza Yanibel Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, reenvió la vista para dentro de cuatro semanas, tras el abogado del imputado informar que este tiene el virus.

Por esa razón, la magistrada fijó la próxima audiencia para el 26 de julio, a la espera de que Argenis, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, se recupere.

Por otro lado, el jurista Plutarco Jáquez, defensor de Argenis, informó ayer que presentará una querella contra la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, por supuestamente negarse a realizar unos peritajes.

Explicó que la jueza Rivas, ordenó realizar un peritaje a los celulares de tres exfuncionarios y dos militares que presuntamente están involucrados en este caso y la supuesta corrupción en la Omsa, pero, dijo, que la fiscal no lo hizo y desacató la decisión de la magistrada.

La decisión se produjo el 17 de mayo pasado.

“La Fiscalía se niega a realizar los peritajes de los teléfonos, ya antes dejó fuera de la acusación por homicidio a Manuel Rivas (exdirector de la Omsa) y Eddy Santana y al coronel Faustino. Esto es ocultamiento de evidencias y desacato”, indicó Jáquez. l rosmerys de león

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