El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) continuó este martes 6 de octubre las evaluaciones de los aspirantes a ocupar seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una segunda jornada en la que emergieron debates sobre algunos de los cambios sociales, laborales y jurídicos que plantean nuevos desafíos al sistema de justicia dominicano.
De los 22 postulantes convocados para este martes, Pedro Antonio Mateo Ibert y Alina Mora Arias de Mármol declinaron participar en el proceso de evaluación, por lo que quedaron 20 aspirantes previstos para ser entrevistados durante la jornada.
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La sesión fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en sustitución del presidente Luis Abinader, quien dirigió la primera jornada celebrada el lunes. El CNM evalúa a 88 aspirantes preseleccionados para escoger a los seis nuevos magistrados que ocuparán las posiciones disponibles en el máximo tribunal del país.
Las entrevistas pusieron sobre la mesa asuntos que van desde la necesidad de adaptar la legislación laboral al trabajo digital hasta los nuevos conflictos familiares, la responsabilidad penal de las empresas contemplada en el nuevo Código Penal, el acoso laboral y sexual, la mora judicial, la casación, la extinción de procesos penales y la necesidad de mantener una jurisprudencia coherente.
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Código del trabajo
Uno de esos desafíos fue planteado por Alexis Gómez, quien consideró necesario actualizar el Código de Trabajo ante las transformaciones que experimenta el mundo laboral. El aspirante llamó la atención sobre las nuevas modalidades de empleo surgidas como consecuencia de la digitalización y los cambios en las relaciones entre trabajadores y empleadores, un escenario que plantea interrogantes para una legislación concebida bajo estructuras laborales tradicionales.
Sostuvo que el trabajo remoto, las plataformas digitales y otras formas de prestación de servicios han modificado la manera en que determinadas actividades económicas se desarrollan. Ese proceso, a su juicio, obliga a los tribunales a resolver controversias en escenarios que pueden no estar expresamente contemplados en las normas existentes.
Los desafíos laborales también aparecieron desde otra perspectiva durante la evaluación de Wendy Martínez, quien reclamó una mayor fiscalización y la aplicación de sanciones frente a situaciones de acoso laboral y sexual. Martínez abordó la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales ante estas conductas y garantizar mecanismos efectivos para proteger a las personas afectadas dentro de los espacios de trabajo.
Los planteamientos de ambos aspirantes colocaron las relaciones laborales entre los asuntos que podrían exigir una evolución de la interpretación judicial durante los próximos años.
Nuevas familias y conflictos
Por su parte, Antonia Grullón llevó el debate hacia las transformaciones que experimentan las relaciones familiares y advirtió que la Suprema Corte debe prepararse para responder a nuevos tipos de conflictos. Puntualizó que los cambios sociales, las nuevas dinámicas familiares y la evolución de las relaciones entre padres, hijos y otros integrantes del núcleo familiar plantean controversias que pueden requerir respuestas jurisprudenciales distintas a las desarrolladas tradicionalmente.
Otro aspecto relacionado con los cambios sociales apareció durante la evaluación de Daisy Indhira Montás, quien abordó la incorporación de la perspectiva de género en las decisiones judiciales y sostuvo que su aplicación no debe afectar la imparcialidad de los magistrados.
Su intervención colocó el énfasis en el equilibrio entre la consideración de las circunstancias particulares que pueden rodear determinados casos y la obligación de los jueces de mantener la objetividad e imparcialidad al momento de decidir.
Ana Magnolia Méndez también se refirió a esta dimensión del ejercicio jurisdiccional al sostener que los jueces están llamados a comportarse con ética e imparcialidad, principios vinculados directamente con la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
Empresas frente al nuevo Código
Otro de los asuntos abordados durante las evaluaciones fue el impacto del nuevo Código Penal sobre las empresas.
Erick José Hernández llamó la atención sobre los retos que representa para el sector empresarial el régimen de responsabilidad penal contemplado en la nueva legislación. Sostuvo que la incorporación de responsabilidades para las personas jurídicas abre un escenario en el que las empresas deberán prestar mayor atención a sus estructuras internas de cumplimiento, mecanismos de prevención y controles destinados a evitar conductas que puedan generar consecuencias penales.
Por su parte, Luz del Carmen Matos Díaz también abordó el nuevo Código Penal durante su comparecencia, al explicar las competencias de la Cámara Penal de la Suprema Corte y los desafíos asociados con la aplicación de la nueva normativa. A su juicio, la entrada en escena del nuevo Código convierte a la jurisdicción penal en una de las áreas que probablemente requerirán una importante labor jurisprudencial. En consecuencia, los futuros magistrados tendrán que interpretar disposiciones nuevas y establecer criterios sobre su aplicación a los casos que lleguen hasta la Suprema.
Daira Sira Medina se refirió igualmente a este desafío y defendió la evolución de la jurisprudencia penal como respuesta a las transformaciones del ordenamiento jurídico y de la sociedad.
Extinción de procesos
Entretanto, Yobany Mercado introdujo otro elemento dentro del debate sobre la eficiencia de la justicia penal al sostener que la extinción de los procesos no puede atribuirse exclusivamente a los jueces. El planteamiento dirigió la atención hacia el funcionamiento del sistema penal en su conjunto y la participación de los diferentes actores involucrados en la tramitación de los expedientes.
La duración excesiva de un proceso puede estar relacionada con distintos factores y actuaciones procesales, por lo que, según la posición expuesta por Mercado, el análisis de las causas que conducen a una extinción no debería concentrarse únicamente en el desempeño del magistrado responsable del tribunal.
La cuestión conecta directamente con uno de los temas que ha atravesado las dos primeras jornadas del CNM: la mora judicial y la necesidad de conseguir procesos capaces de producir decisiones dentro de plazos razonables.
Casación y seguridad jurídica
La casación volvió a ocupar una parte relevante de las entrevistas, como había ocurrido durante la primera jornada.
Julián Henríquez Puntiel destacó los efectos de la nueva legislación sobre los procesos de casación, mientras Ramona Gutiérrez Batista explicó ante los integrantes del CNM los alcances de este recurso.Y Fernando Langa detalló, por su parte, las situaciones en las que la normativa establece restricciones para recurrir mediante esta vía.
A estos planteamientos se sumó Menieur Méndez, quien destacó los avances derivados de la nueva Ley de Casación y planteó modificaciones adicionales dentro del sistema de justicia.
Yoaldo Hernández puso el énfasis precisamente en la necesidad de revisar las decisiones judiciales para garantizar la seguridad jurídica. Aseveró que la previsibilidad de las decisiones constituye un componente esencial del sistema de justicia, debido a que ciudadanos, empresas y abogados necesitan conocer los criterios utilizados por los tribunales al interpretar y aplicar las leyes.
Mora y justicia administrativa
La reducción de los retrasos judiciales, uno de los asuntos dominantes durante las evaluaciones del lunes, reapareció en esta segunda jornada.
Luis Omar Jiménez atribuyó los avances frente a la mora judicial a una adecuada gestión procesal y a la vocación de servicio dentro del sistema. Sentenció que el problema de los expedientes pendientes constituye uno de los principales desafíos operativos de los tribunales debido a su impacto sobre el derecho de las personas a obtener respuestas dentro de plazos razonables.
Las soluciones planteadas durante las dos primeras jornadas han abarcado desde la transformación digital y la reorganización de procesos hasta cambios en la gestión interna de los tribunales. Mildred Hernández dirigió la atención hacia la jurisdicción administrativa y pidió a la Cámara de Diputados priorizar una legislación destinada a fortalecerla.
Otros candidatos defendieron el fortalecimiento del debido proceso como principio indispensable para la administración de justicia y para garantizar los derechos de las partes durante los procedimientos judiciales.
Las evaluaciones de este martes mostraron así una Suprema Corte enfrentada a retos que exceden la resolución de expedientes.
Los próximos magistrados deberán interpretar un nuevo Código Penal, contribuir a definir las reglas aplicables a las empresas, responder a relaciones laborales transformadas por la digitalización, abordar nuevas controversias familiares y fortalecer una jurisprudencia que ofrezca mayor seguridad jurídica.
A estos desafíos se suman problemas que llevan años presentes dentro del sistema, como la mora judicial, la duración de los procesos y la necesidad de garantizar un acceso efectivo a la justicia.
Las vistas públicas continuarán este miércoles 7 de octubre con la evaluación de los demás aspirantes mientras el Consejo Nacional de la Magistratura avanza hacia la selección de los seis magistrados que ocuparán las vacantes de la Suprema Corte de Justicia.
