Autoridades de pequeñas comunas fronterizas del norte de Chile exigen la intervención urgente del Gobierno por encontrarse “saturadas” sus condiciones. Denuncian desabastecimiento, tomas de viviendas para refugio de los indocumentados y nulo control de las policías.
Con un control mayor sobre la frontera con Perú en Arica, los migrantes se han lanzado a intentar el ingreso por zonas menos custodiadas desde Bolivia. Y así, trasladaron la tensión a pueblos muy pequeños que no tienen ninguna capacidad para contenerlos.
Niños y niñas cruzando la frontera a Chile junto a sus familias en el desierto, verdaderas bandas de “pasadores” ilegales y colapso de las principales ciudades del norte marcan el escenario migratorio en las últimas horas.
“Nos demoramos como siete horas en pasar. Los pies no dan más, hermano”. Jahir es un venezolano que permanece en la plaza central de la comuna de Pozo Almonte, localidad ubicada al interior de Iquique en la región de Tarapacá. Cuenta que los más jóvenes que realizan el trayecto a través del paso Desaguadero desde Bolivia hasta la frontera con Chile pueden completarlo en las mismas horas que él lo hizo. Sin embargo, hay quienes deben redoblar sus esfuerzos para alcanzar a llegar a Colchane, la primera localidad chilena desde el país altiplánico. “Vienen personas mayores, mujeres, familias completas con niños hermano. Esto es una aventura muy desgraciada. Hay muchos que se tienen que devolver porque no pueden. Otros se quedan en el camino”, declara.
Su planteo está acompañado de emoción. No es fácil, indica, ver cómo sus hermanos sufren. “No es casualidad que seamos tantos los que necesitamos salir de nuestra nación. No podemos seguir así. Los que venimos ahora cruzando las fronteras, de Perú, de Bolivia para llegar hasta Chile somos los que aguantamos hasta el final. Imaginando un cambio, pero no. Eso allá está peor que acá”, agrega.
Lo cierto es que su llegada, al igual que la de otros miles de sus compatriotas no ha estado exenta de dificultades. Las autoridades de Chile han hecho ver su preocupación por el alto flujo de migrantes que arriba a este país, aludiendo razones políticas.
El paso Desaguadero es hoy el más utilizado para llegar a Chile. Este los deja en en el pequeño pueblo de Colchane en la región de Tarapacá. Una localidad montañosa ubicada a 3 mil metros de altura y con apenas 1.600 habitantes. Su clima es extremo, altas temperaturas en el día y muy bajas en horas de la noche, por tratarse de zona cordillerana y desértica.
Los que se han atrevido a realizar este trayecto advierten que no se aconseja el uso de celulares, en todo momento deben guardar silencio y los niños deben siempre permanecer muy cerca de sus padres. Un paso en falso podría significar llamar la atención de la policía o personal militar. Los que dirigen el trayecto, con la ruta y las “estaciones” son los denominados “coyotes” o “pasadores” que cobran a los interesados en cruzar la frontera para guiarles por el camino entre 200 a 500 dólares por familia. Algunos cobran mucho más cuando hay niños.
Según el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), publicado en diciembre pasado: “En los tres primeros trimestres de 2020 los ingresos por pasos no habilitados totales ascendieron a 6.765 y el 72% de ellos (4.226) corresponde a personas venezolanas”, describe. En este contexto, y en conversación con Infobae, el alcalde de Colchane, Javier García, advierte que “diariamente ingresan y se autodenuncian unos 150 inmigrantes”. Este número incluye a las personas registradas, y se ignora el total de quienes prefieren otras vías de acceso no habilitado. Un registro que es imposible de tener pues “el control de los pasos no habilitados es nulo”, agrega.
Pero en los últimos días se ha producido un alza de ingresos. La autoridad comunal asegura que el domingo pasado “tuvimos mil inmigrantes”, y que este martes 2 de febrero se registraron 1.600 personas, y de ellos, 500 fueron trasladados a Iquique, la ciudad capital regional, en un total de nueve buses.
Según la opinión del alcalde, “los inmigrantes ingresan al país sin ningún control. La inclusión de personal militar en la frontera sólo ha perjudicado la vida normal de los pobladores”. Por lo anterior es que durante este martes el alcalde exigió la renuncia del Intendente de la Región de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, quien está de vacaciones legales a partir de este lunes.
Invasión a casas y poca fiscalización
El problema de la escasa fiscalización, según denuncia el alcalde, ha incidido en otro problema que durante los últimos días ha tomado ribetes violentos.Algunos de los recién llegados, advierte, deciden tomar las casas deshabitadas de la comunidad para tener donde dormir. “Estas personas ingresan de manera violenta, se están tomando las casas”. Lo anterior es confirmado por Camilo Mamani García, poblador de la zona, quien declara :”ellos nos están haciendo un daño, debido a que ingresan, abren las casas y ya no se puede dormir tranquilo”, relata.
Celinda Choque, otra habitante de la zona, de la localidad de Cotasaya, cuenta que esta situación los tiene agotados. Según relata, el personal militar dificulta el traslado de los pobladore: “No podemos ir a comprar la comida para la sobrevivencia. ¿En qué está el presidente Piñera?, ¿qué es lo que está haciendo?”, reclama.