Santo Domingo, República Dominicana.- El Presidente Danilo Medina encabezó la cuarta sesión ordinaria del pleno y la primera del consejo consultivo de COMPETITIVIDAD, y emitió el decreto 117-18, que establece de manera definitiva la renovación automática de los registros sanitarios y otorga al Ministerio de Salud Pública un plazo de 30 días para poner en vigencia la plataforma digital que permita este proceso a productores y exportadores nacionales.
El decreto también establece los mecanismos de renovación automática de los registros sanitarios, reduce la documentación del trámite de hasta en un 75 por ciento y valida la declaración jurada de los productores de alimentos y medicamentos.
“Para el sector empresarial es trascendental este decreto, pues antes había productos cuya renovación duraban hasta 18 meses. Este ha sido un esfuerzo público privado de gran beneficio que colocará a la República Dominicana en un gran escalón de la competitividad”, afirmó el presidente del CONEP, Pedro Brache.
En cuanto a los permisos de construcción, de acuerdo a la información del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a partir del primero de diciembre de este año, las más de 25 instituciones que encabezan el proceso estarán listas para otorgar los permisos en 60 días, pues en la actualidad se toman 188 días.
Rafael Paz, secretario del pleno y director ejecutivo de COMPETITIVIDAD, señaló que las medidas constituyen avances para dinamizar el clima de negocios de la República Dominicana, lo que permitirá crear más oportunidades para el país y su gente, tal como se ha establecido en la estrategia Dominicana Competitiva.
En la cuarta sesión ordinaria del pleno, el primer mandatario reiteró que COMPETITIVIDAD se ha convertido en una institución referente en la ejecución de las mesas de trabajo, puesto que también presentaron avances las comisiones de constitución de compañías, facilitación comercial, mejora de los registros sanitarios y ventanilla única de permisos de construcción.
Para continuar con estas acciones de trabajo fue creado el comité público-privado para trabajar una agenda de acciones estratégicas para mejorar la competitividad, el cual estará integrado por los ministros de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia, Hacienda y Economía, así como del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, junto a los empresairos Ligia Bonetti, Carlos Guillermo Lebrón, Quique Tavares, Pedro Brache y Frank Rainieri.
La finalidad de este comité, explicó Paz, es generar más divisas y empleos a través de medidas importantes para acercar al Estado dominicano a modelos de eficiencia que garanticen mayores niveles de calidad de la gestión pública. Adelantó que la comisión debe presentar en un mes las propuestas específicas.
Paz anunció que el Consejo Nacional de Competitividad prepara un inventario nacional con las regulaciones económicas que ha emitido el Estado, a fin de simplificarlas y mejorar el clima de negocios. Dijo que se han analizado 17 instituciones que impactan de manera directa en la economía nacional.
Construir un País Más Competitivo
Durante la cuarta sesión ordinaria, el secretario del pleno del Consejo y director ejecutivo de Competitividad informó que la República Dominicana es el país con menor cantidad de participación del sector privado en el llenado de las encuestas del Índice Global de Competitividad y el Doing Business.
“Ya hemos comenzado acciones que abarcan la capacitación, educomunicación y relacionamiento para dinamizar aún más la alianza público↔privada, con la finalidad de vincular a todos los sectores productivos en el compromiso nacional de participar con objetividad al completar las encuestas de los índices internacionales que miden la competitividad”, aseguró Paz.
Miembros de pleno de Competitividad
Mediante el decreto 389-17 se integran al pleno de COMPETITIVIDAD, el Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el de Hacienda, Donald Guerrero. El Consejo es presidido por el Presidente de la República, Danilo Medina, y también está conformado por los ministros Administrativo de la Presidencia, Economía, Planificación y Desarrollo, Turismo, Agricultura, Industria, Comercio y Mipymes, y el director de CEI-RD.
Los empresarios designados fueron Pedro Brache, presidente ejecutivo del Grupo Rica y actual presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Fernando Capellán, presidente del Grupo M y presidente de Asociación para el Desarrollo (APEDI); José Miguel González Cuadra, presidente ejecutivo del Grupo Centro Cuesta Nacional y Megacentro; Manuel A. Grullón, presidente del Banco Popular; Luis Molina Achécar, del BHD León; Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana; Manuel E. Tavarez, fundador del Parque Industrial ITABO y Punta Caucedo, y Felipe Vicini, presidente del Grupo Inicia.
Como Asesora Industrial del Poder Ejecutivo, y miembra del Consejo, fue designada Ligia Bonetti, presidenta ejecutiva del Grupo SID y de las empresas que los componen: MercaSID, Induveca, Agua Crystal, Induspalma, DIPSA y SID Entertainment. Bonetti, pasada presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Sobre COMPETITIVIDAD. El Consejo Nacional de Competitividad es una institución del Estado Dominicano con participación del sector privado, que tiene como objetivos mejorar el clima de negocios del país a través del desarrollo sostenido y dinámico de la economía nacional, impulsando políticas públicas que promuevan los pilares de facilitación comercial, más exportación y productividad, innovación y más empleo, lo cual se traduce en más y mejores oportunidades para el país y nuestra gente.
El reglamento establece en su artículo 1, que los registros sanitarios de los alimentos, medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y de higiene, que mantengan las condiciones del registro a renovar, se renovarán automáticamente a partir del depósito de la solicitud de renovación y la presentación de al menos: 1) El formulario de solicitud correspondiente al tipo de producto en cuestión, debidamente firmado; 2) Una declaración jurada emitida por el titular del registro sanitario, o solicitante, sea representante legal o fabricante, que incluya el número de registro sanitario, expresando que el producto mantiene las condiciones autorizadas de dicho registro; Y 3) El pago de tasa por servicio.
