El tema del aborto reapareció en el pleno de la Cámara de Diputados y volvió a ser el centro de discusión entre los legisladores de distintos partidos políticos en la sesión de este miércoles.
Esta vez no por el proyecto de ley del Código Penal sino por una resolución que rechaza el “derecho a abortar» y por la cual se pedía el voto.
La pieza tiene como proponentes a los diputados del bloque PQDC-BIS-PCR Elías Wessin Chávez, Miguel Ángel de los Santos y Miguel A. Bogaert Marra.
Los debates se originaron luego que la Cámara Baja conoció el informe favorable de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que preside Wessin Chávez; así como el desfavorable de la Comisión Permanente de Asuntos de Equidad de Género, dirigida por Magda Rodríguez.
Aunque finalmente se decidió reenviar la iniciativa a una comisión especial, los enfrentamientos de ideas entre los legisladores provida y proaborto presentes en la sesión, se extendieron por más de una hora. Algunos congresistas, incluso, hicieron uso de la palabra dos veces.
El proyecto de resolución solicita al Poder Ejecutivo adherirse y firmar la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, firmada el 22 de octubre de 2020 por 34 países, entre los cuales están Brasil, Egipto, Estados Unidos de América, Hungría, Indonesia y Uganda.
Parte del acuerdo establece que «en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia» y que «cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional”.
Además, consigna que «el niño (…) necesita protección y cuidados especiales (…) tanto antes como después del nacimiento “y que «se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños», basándose en el principio del interés superior del niño.
Discusión
En su primera intervención, la diputada peledeísta Magda Rodríguez, dijo que el Ejecutivo traza la política exterior y al Legislativo le compete aprobar o rechazar.
«Este proyecto en el fondo promueve el derecho a la salud y el fortalecimiento a la familia, que están garantizados y defendidos en la Constitución», manifestó.
De su lado, el diputado de Alianza País José Horacio Rodríguez (quien ya dio negativo a la COVID-19), sostuvo que no pueden pedirle al Presidente que se sume a un acuerdo que no han conocido ni han leído, y afirmó que el acuerdo de Ginebra contradice lo que es la carta de principio del partido del Ejecutivo, que se define social y demócrata.
En tanto, Elías Wessin Chávez argumentó que no están hablando de un contrato, sino que están sugiriéndole al Poder Ejecutivo la adhesión, porque el consenso de Ginebra viene a llenar un vació que se está dando mundialmente a través de los conflictos familiares y los derechos de la mujer.
Subrayó que Magda Rodríguez impulsó «un lobbismo» para lograr las firmas y el apoyo al informe desfavorable.
Por su lado, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Baja, manifestó que los acuerdos, pactos y convenciones internacionales son exclusivos del Poder Ejecutivo y la resolución que solicita a dicho Poder la adhesión y firma de la declaración del consenso de Ginebra, violenta los artículos 26, 128 y 185 de la Constitución.
Varios legisladores agotaron turnos a favor y en contra de la resolución, por lo que el vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, propuso reenviar la resolución a una comisión especial para que se estudie más a fondo, a fin de buscar un mejor consenso. Moción que fue acogida con 71 votos a favor, 28 en contra y 20 abstenciones.
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, manifestó que como es costumbre, designarán a los miembros de esa comitiva en la próxima sesión ordinaria.
