El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó ayer la medida de coerción contra los implicados en el caso de corrupción denominado Medusa.
La decisión fue adoptada ayer por la magistrada Solanyi Vásquez, al hacer la revisión obligatoria de la medida coercitiva de los ocho imputados por alegadamente haber cometido actos de corrupción cuando fueron servidores públicos en la Procuraduría General de la República.
Con la decisión de la magistrada, Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la Procuraduría; y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo, seguirán cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.
De igual modo, Altagracia Guillén, exsubdirectora administrativa y financiera; Rafael Mercedes Marte, anterior encargado de contabilidad y Jenny Marte, exencargada de proyectos, continuarán cumpliendo arresto domiciliario. La revisión obligatoria fue fijada para el 28 de enero de 2022.
Mientras que fue aplazada sin fecha, la revisión de medida al exprocurador Jean Alain Rodríguez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Procuraduría.
Carlos Balcácer, abogado del exprocurador general, explicó que el aplazamiento es porque el pasado mes de septiembre la Corte de Apelación ratificó la prisión que les fue dictada a los acusados por la magistrada del Séptimo Juzgado de Instrucción, Kenya Romero.
El Ministerio Público les imputa la violación a los artículos del Código Penal que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Así como desfalco, crímenes y delitos de alta tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje, además de y violación a la ley de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
