Los fiscales del juicio por los sobornos Odebrecht ahora concentran sus esfuerzos para incorporar al proceso, individualmente, las pruebas documentales que tienen contra los seis imputados y así validar las acusaciones que han hecho en su contra.

Ayer, comenzaron con el imputado Ángel Rondón, a quien acusan de ser el intermediario para que la constructora brasileña pagara sobornos a funcionarios y legisladores a cambio de que le fueran adjudicadas obras públicas.

En ese sentido, el Ministerio Público incorporó al juicio, por estipulación (es decir, entran al proceso, pero no son leídas), alrededor de 30 pruebas documentales contra Rondón. Entre estas evidencias, se encuentran contratos entre el Estado dominicano y Odebrecht para la construcción de varias obras.

Por ejemplo, la prueba número 21 (individual para Rondón) es el contrato suscrito en agosto de 2010 con la multinacional para la construcción de la Carretera El Río Jarabacoa, con el cual el Ministerio Público indicó que “probarán que Rondón recibió pagos por parte de la empresa Odebrecht para lograr la adjudicación de la obra y posteriormente la aprobación de los contratos de financiamiento con la entrega de pagos ilícitos a Víctor Díaz Rúa (imputado), para la adjudicación del contrato y con el imputado Tommy Galán para la aprobación en el Congreso del financiamiento”.

Prueba incorporada por lectura

Otra prueba que fue incorporada al proceso, pero que se hizo mediante lectura, fue la 11 b, que es una certificación de mayo de 2018 remitida por Odebrecht contentiva de las transacciones y operaciones realizadas por la constructora a favor de las sociedades comerciales Arma, Roymar, Adeline Gropu Corp y Ilbrec Investments Limited, relacionadas a Rondón.

Con esta prueba, el órgano acusador tiene la intención de “demostrar que Rondón recibió transferencias de fondos de parte de Odebrecht mediante empresas offshore que eran utilizados en el esquema de sobornos a través de la División de Operación es Estructura cuyo rol era abrir, operar y manejar por intermedio del imputado a través de sus empresas”.

Antes de, los abogados de Rondón habían objetado la incorporación de otras pruebas, con las cuales el Ministerio Público quiere “probar pagos de Odebrecht a Rondón a través de empresas a raíz de sus actuaciones ilícitas para la lograr la adjudicación de obras y la aprobación de préstamos”. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado del DN rechazó esta objeción.

Dice faltan por incorporar más de 200 evidencias

La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), estima que faltan por incorporar más de 200 evidencias documentales. Con estas pruebas, el órgano acusador procura demostrar su teoría de que Rodón, Víctor Díaz, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez se enriquecieron producto de los sobornos por US$92 millones que Odebrecht distribuyó.

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