El juez Pablo Imbert ratificó ayer las medidas de coerción que pesan contra ocho de los 11 implicados en el caso de corrupción denominado Pulpo.
Tras escuchar los planteamientos del Ministerio Público y los alegatos de la defensa, el magistrado, quien funge como suplente en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió que Carmen Magalys Medina, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, continúen en arresto domiciliario.

El juez Imbert también ordenó que sigan cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, Fernando Rosa, exdirector del Fonper; Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

Igualmente, Aquiles Christopher, exdirector de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Wacal Méndez Pineda, Julián Suriel Suazo y José Dolores Santana, recluidos en el mismo penal.

Christopher está muy enfermo

En el caso de Christopher, sus abogados indicaron que tiene problemas cardíacos. El juez dijo que para validar su condición de salud deben presentar un certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

“Ya el Inacif lo validó y comprobó la situación médica de nuestro cliente, que sus médicos dicen que debe estar en su domicilio, sin embargo, para esta audiencia no fue posible presentarla porque la Procuraduría no nos ha entregado el certificado”, dijo el jurista Juan José Eusebio, quien además explicó que una vez tengan el documento a mano presentará una nueva solicitud de revisión de medida de coerción para que se le varíe la prisión preventiva a Christopher.

De su lado, la fiscal Mirna Ortiz indicó que están haciendo todas las diligencias necesarias para realizar las evaluaciones médicas correspondientes.

Dijo, además, que la decisión del juez demuestra una vez más “la contundencia de la medida de coerción”. “Con esta ocasión van seis veces que distintos jueces examinan el valor de la medida… todos los jueces han estado de acuerdo con que la medida idónea es la prisión preventiva”, precisó.

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