Santiago. La Federación de Cooperativas del Cibao Central (Fecoopcen) rechazó las acusaciones del titular del Ministerio Público, Francisco Núñez, de que los gerentes de Coopegas se escudan tras una cooperativa para no pagar impuestos.
Eddy Álvarez, presidente de la Fecoopcen, acompañado de otros directivos del sector cooperativista de la región, recordó que la Ley 127 en sus artículos 60, 61y 62 establece que las cooperativas están libres del pago de tributos y otras obligaciones fiscales.
“No me atrevo a considerar nada con relación a esa expresión que ha dicho el magistrado, lo que sí es observable es que esa no es la causa por la que él debe estar aquí, en consecuencia, el magistrado se ha extralimitado a un juicio muy particular” dijo al referirse a la acusación de Núñez de que era una estafa para el Estado dominicano que Coopegas no registre el pago de impuestos, cuando recibe grandes beneficios económicos del negocio de la venta de combustibles.
Aplazan medida
De su lado, el Ministerio Público aplazó para el martes en horas de la mañana el conocimiento de medidas de coerción en contra de 4 ejecutivos de Coopegas acusados de homicidio involuntario por la muerte de 11 personas en Licey al Medio.
La decisión fue tomada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que tuvo entre sus razones que se cite de manera formal a las víctimas del proceso y que los abogados de la defensa técnica puedan conocer la acusación y presentar los arraigos correspondientes.
El Ministerio Público instrumentó la acusación en contra de Audilio Concepción, presidente de Coopegas; Héctor Ramón Vásquez Sandoval, gerente general; Roberto Antonio Polanco Marte, gerente de Operaciones y Emilio Jean, encargado local de Coopegas en Limonal.
Investigación arroja pruebas contra implicados
El aplazamiento de la medida de coerción a los cuatro acusados de homicidio involuntario permitirá a los abogados constituirse en actores civiles del proceso. José Alberto Familia, abogado de una parte de los afectados, refirió que la investigación inicial ha arrojado pruebas que comprometen la responsabilidad penal y civil de los imputados.
