Como una medida para descongestionar las cárceles, debido a la crisis generada por la COVID-19, la Academia Regional Penitenciaria (ARP) recomendó que sean puestos en libertad y posteriormente deportados a sus respectivos países los extranjeros que se encuentran privados de libertad en los centros penitenciarios del país.
Esta medida, explica la ARP, exceptúa a los prisioneros nacionales de Haití, debido a las lamentables dificultades institucionales actuales del vecino país y también por la alta probabilidad de su rápido reingreso a territorio dominicano, de forma ilegal.
Asimismo, la academia indica que se excluyen de esta medida aquellos reclusos que hayan sido condenados por delitos de sangre, violencia intrafamiliar y contra la mujer, que sean líderes de grupos del crimen organizado, o cuyas víctimas y los familiares de éstas, grupos, comunidad o instituciones puedan estar en situación de riesgo por dicha libertad o porque dichas víctimas se opongan a esa libertad.
En el segundo informe que realizan ante la penetración del coronavirus “en las prisiones más desorganizadas, sobrepobladas e insalubres”, la ARP también recomienda la libertad temporal inmediata, independientemente de la edad, para todos los enfermos en situación crítica, tomando en consideración las excepciones antes mencionadas, así como ejecutar unas 400 órdenes de libertad que se han acumulado en los últimos meses y que no se procesan principalmente por desorden y extorsión, además, otorgar libertad condicional a cerca de dos mil prisioneros que tienen sentencia definitiva, han cumplido el tiempo de prisión a que fueron condenados y están pendientes el pago de una indemnización económica de entre cinco mil y cincuenta mil pesos; entre otras cosas.
Explicó que es de prioridad que en todos los casos de modalidades de puesta de libertad, se realice una evaluación médica previa del prisionero, antes de salir en libertad, sea imprescindible y mandatoria.
Tarjetas de alimentación
Por otro lado, ya que por la crisis sanitaria se suspendieron las visitas en los centros penitenciarios, la academia sugirió que se asignen a los prisioneros indigentes del país y durante seis meses, alrededor de seis mil tarjetas de alimentación de los programas sociales del Estado ya que es un aporte que alivia la economía y restringe la circulación de las familias pobres que tienen que llevarle dinero semanalmente a la cárcel.
Además, indicó que se debe afiliar el Economato de la Penitenciaría Nacional La Victoria al referido programa gubernamental. En adición a esto, también recomienda crear un economato en cada una de las 18 prisiones tradicionales y afiliarlos a la red de abastecimiento social del Estado.
La ARP dijo que se estima necesario atender la situación de aislamiento obligatorio en las prisiones tradicionales en la presente situación, teniendo en cuenta que no se permite visitas y que en estos centros, las visitas familiares son las que proveen dinero y comida cada semana a casi todos los reclusos, por lo que es necesario crear un economato en cada prisión, bajo la responsabilidad de la autoridad competente, e incluir temporalmente a los reclusos en condición de pobreza extrema en los programas de protección social del Estado. Y que usarían para abastecerse en los economatos la tarjeta básica de alimentación (antes mencionada).
Consistentes de la situación actual, indicó que es necesario definir un mecanismo para que las familias, sin ingresar al recinto, envíen dinero a los prisioneros para que puedan sostenerse en la prisión. Explicó que el personal paramédico debe fumigar el dinero al recibirlo y entregarlo al prisionero por una vía segura, de la iglesia preferiblemente, contra recibo que se entregará a los familiares antes de retirarse, corroborando por teléfono con el recluso, la realización satisfactoria de la transacción.
También recomendó reiniciar de inmediato el abastecimiento de los colmados que funcionan dentro de la cárcel de La Victoria y demás prisiones tradicionales, para que los prisioneros, con el dinero que reciben, puedan comprar alimentos, artículos de aseo y además pagar regularmente los espacios donde pernoctan y otras anomalías cotidianas de esos recintos, y así mantener, dadas las actuales circunstancias, un orden mínimo y una tranquilidad relativa, en tanto esas irregularidades y manifestaciones de corrupción son objeto de conocimiento profundo para su futura erradicación.
