Recuperar confianza y otros seis desafíos para la nueva Junta

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Credibilidad de la JCE es problema de nunca acabar y los partidos, líderes políticos, y entidades sociales definen perfiles para mejorar.
Partidos, líderes y entidades sociales buscan perfiles que puedan generar credibilidad al desacreditado órgano

La Comisión Especial del Senado avanza en el proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE). La nueva administración del órgano electoral y del registro civil para el cuatrienio 2020-2024 tendrá importantes retos. El primero es el mismo de siempre, la credibilidad y confianza de la población en el organismo electoral, que en esta ocasión se vio profundamente afectada por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero por un fallo en el sistema del voto automatizado que implementó la JCE.

Los nuevos responsables del órgano también tienen el desafío de aplicar con mayor alcance los mecanismos legales que otorga la Ley de Partidos y Electoral, especialmente evitar el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales y la inequidad en la competencia. En materia electoral, es necesario buscar soluciones a temas pendientes como el conteo de los votos y la transmisión sin traumas, la composición de juntas electorales con miembros más eficientes, pues fungen como tribunales de primera instancia en materia electoral. La JCE también debe tomar un papel más activo en la promoción de los debates electorales sugeridos en la Ley 15/19.

En cuanto al registro civil, las nuevas autoridades tendrán que revisar la eficiencia y modernización del proceso. A continuación los retos de la JCE para el cuatrienio 2020-2024.

1 Ganar confianza y credibilidad. La JCE llegó a las elecciones municipales con la credibilidad mermada por lo traumática que resultaron las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la inobservancia de los miembros de la JCE en aspectos neurálgicos para generar credibilidad como negarse a practicar las auditorías requeridas al sistema de votación, iniciar la transmisión de los resultados con las filas repletas de votantes y permitir que se votara hasta altas horas de la madrugada. Esos hechos y el comportamiento posterior de los miembros de la JCE, dieron fuerza a las denuncias de fraude que hizo el expresidente Leonel Fernández. El informe de la OEA sobre el fallo del voto automatizado señaló que se debió a una mala gestión del órgano electoral.

Adicionalmente, la JCE fue criticada por no accionar ante los delitos electorales durante la campaña presidencial como la compra de cédulas y la permanencia en los cargos de candidatos como la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño, quien desempeñaba las funciones de coordinadora del gabinete de política social del pasado gobierno. La funcionaria renunció tres semanas antes de las elecciones. En su informe final de observación, la OEA fue crítica con la JCE “por la falta de acción” ante los delitos electorales. El artículo 69 de la Ley La Ley 15/19 establece que los funcionarios que son candidatos están suspendidos “ipso facto” desde la inscripción de la candidatura.

Para ganar confianza y credibilidad, los nuevos integrantes del órgano tendrán que superar la vieja práctica de los partidos y candidatos que no resultan favorecidos con el voto de culpar al órgano electoral de sus derrotas. En el proceso de selección, los partidos y sus líderes, así como entidades sociales, han definido perfiles que puedan llevar al órgano al salto cualitativo de la confianza y credibilidad que necesita.

2 Propiciar la equidad. Las pasadas elecciones se hicieron bajo un nuevo sistema legal por la entrada en vigencia de la Ley de Partidos 33/18 y la ley del Régimen Electoral 15/19, que facilitan una serie de medidas para generar mayor equidad en la competencia electoral y evitar el uso de los recursos del Estado, sin embargo, nada de eso ocurrió en el pasado proceso que fue calificado como uno de los más inequitativos y fue criticado en los informes de observación electoral de Participación Ciudadana y la Organización de Estados Americanos (OEA). Participación Ciudadana sostuvo que en el pasado proceso electoral la JCE no ejerció el poder que le otorgan esas legislaciones y la Constitución y que “perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso del poder”. El informe de la OEA criticó la falta de acción de la JCE por no aplicar las leyes electorales para prohibir “la masiva distribución de dádivas” a la población con la excusa de la pandemia, gastos que “más bien podrían catalogarse dentro de los comportamientos expresamente prohibidos”.

3 Conteo votos y transmisión. El problema que persiste en el sistema electoral dominicano es el conteo de los votos y la transmisión de los resultados. Uno de los mayores problemas en el conteo de los votos se presenta en el voto preferencial, esa situación genere el descuadre de las actas que en cada proceso electoral terminan por salpicar de desconfianza los resultados. El conteo a mano es, además, una gran desventaja para los partidos y candidatos que no logran acreditar delegados en los colegios electorales. La propuesta de las actuales autoridades de la JCE para resolver el problema fue el voto electrónico, pero fracasó por un fallo generalizado que provocó la suspensión de las elecciones municipales de este año, una experiencia que hace poco probable que vuelva a probarse, sobre todo porque ese sistema de votación ha fracasado en la mayoría de los países donde se ha implementado. Las anteriores autoridades, en el 2016 probaron un sistema de conteo por escáneres de las boletas, pero quedó desacreditado por las múltiples fallas que se produjeron al inicio de las votaciones en el 2016, pues el paquete incluyó automatizar el registro de concurrentes. Implementar un sistema confiable para contabilizar los votos y que gane la confianza de los partidos políticos y de la ciudadanía, es, sin dudas, el gran reto de los nuevos miembros de la JCE.

4 Promover debates electorales. El párrafo único del artículo 172 de la Ley 15/19 establece que “la Junta Central Electoral promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos o alianzas de partidos en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresionales y municipales de los partidos políticos”. A pesar de eso la JCE no promovió el debate entre los candidatos en las pasadas elecciones, un anhelo de diversos sectores sociales y la ciudadanía en general que se vuelve tema de campaña en cada proceso desde el 1996. Hasta ahora, ha llevado la voz cantante sobre esa posibilidad la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) y para el 2024 bien podría la JCE apoyar esa iniciativa para forzar a los candidatos y partidos a debatir en televisión sus propuestas de campaña. El TSE en la ordenanza 002−2020 del 5 de febrero del 2020, dio un espaldarazo a los debates al establecer que “se debe impulsar la celebración de debates electorales, tanto desde la academia como desde el sector privado, pues con ello se contribuye a la sensibilización sobre la necesidad de que el debate político se enfoque en políticas serias y pertinentes para el colectivo y que den como resultado un voto temático”.

5 Transparentar gasto en las campañas. La Ley de Partidos y la Ley Electoral establecen topes para el gasto de la precampaña y de la campaña. El costo de la política es uno de los temas que sigue preocupando a los estudiosos de los sistemas democráticos, tanto por lo costosa que resulta la competencia por un cargo de elección popular como por el origen del dinero que financia las campañas. Mediante las leyes 33/18 y 15/19 se intentó dar respuesta a ese problema, pero la práctica no dio el resultado esperado, por un lado, porque el tope de hasta RD$922 millones que podían gastar los candidatos es muy alto para bajar el costo de las campañas y, por otro lado, por las dificultades para establecer si efectivamente los candidatos y partidos gastan lo que reportan ante la JCE. El tema se mantiene como un gran desafío para las nuevas autoridades de la JCE.

6 Eficientizar y modernizar el registro civil. La JCE además del tema electoral tiene la responsabilidad del registro civil, pues le brinda servicios a los más de diez millones de dominicanos, porque tiene la responsabilidad de expedir las actas de nacimiento, cédula de identidad, actas de defunción. actas de matrimonio y de divorcio. Adicionalmente, tiene la responsabilidad del registro del libro de extranjería para los extranjeros que nacen en el país. El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, en cuya gestión se automatizó el registro civil, sostuvo que el reto ahora es eficientizarlo y modernizarlo para agilizar la entregada de documentos y evitar que se aglomeren tantas personas en las oficialías del registro civil. Este departamento además es fuente de conflicto por el otorgamiento de documentos de identidad a los extranjeros.

7 Las juntas electorales. Las juntas electorales son las responsables del montaje de las elecciones y además funcionan como tribunales de primera instancia en los casos contenciosos electorales. Los actores políticos han señalado las deficiencias de esas instancias en los procesos y han abogado por la calidad de sus integrantes. El presidente del TSE y aspirante a presidir la JCE, Román Jáquez, aboga para que sean divididas.

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