Capítulo 3 - Se afianzan las libertades

 

  “Es absolutamente imposible reinar inocentemente”

SAINT-JUST !

 

El optimismo con respecto a la capacidad del Consejo para resolver los problemas y situarse a la altura de su misión, tenía sus detractores. Pocas horas después de la instalación, cuando todavía los redactores de Palacio sacaban afanosamente copias de los discursos para la prensa y Bonnelly y los demás miembros del Consejo tomaban posesión de sus oficinas, la voz del Catorce de Junio retumbaba: “El Consejo de Estado que inicia sus labores hoy difícilmente podrá realizar las transformaciones que exige nuestra Patria al no estar compuesto por representantes de núcleos mayoritarios del pueblo.  Nuestra opinión es que el nuevo organismo gubernamental es resultado de una fórmula transitoria confeccionada arbitrariamente y unilateralmente por Balaguer y sus colaboradores a espaldas del pueblo”.

En torno al discurso de Bonnelly, que delineaba las intenciones del régimen, el Catorce de Junio manifestaba: “Sería conveniente que pasara de meras palabras, porque actualmente esos postulados (respecto a los derechos humanos) se están violando constantemente”.

Sin embargo, el Consejo podía sentirse satisfecho de su aceptación inicial.  En editoriales que relataban la trascendencia del momento histórico de la juramentación, se le definía como “un paso de avance”.

Tanto Balaguer como Bonnelly habían hablado en un tono que inspiraba confianza.  “Es cierto que el pueblo necesita algo más que conceptuosas palabras”, aceptaba un diario, “pero no es menos verídico que muy pocas veces se le ha ofrecido a ese pueblo –desde una posición en la cual se puede cumplir- lo que le prometió el Consejo de Estado”.

Las sanciones continuaban siendo un asunto de la mayor relevancia, pero a última hora habían surgido una serie de inconvenientes que arrojaban sombras temporales sobre los deseos del gobierno de que las mismas fueran revocadas de inmediato.  En Nueva York, decía un despacho de la United Press International (UPI), una agrupación denominada Acción Democrática Dominicana, formada por exiliados, pedía a la OEA el mantenimiento del boicot “en vista de que el presidente Balaguer aún mantiene en las embajadas, consulados y otras dependencias gubernamentales el mismo clan de burócratas ociosos que causó grandes perjuicios al pueblo durante 31 años de inclemente trujillismo”.  Pero más que en este planteamiento, que parecía sólo reflejar los desacuerdos nacionales respecto a la marcha del proceso democrático, la cuestión residía en tecnicismos legales que podrían dilatar el conocimiento del caso por el organismo regional.

Las ocupaciones ilegales de tierra habían venido a añadir un problema adicional de orden público.

Las invasiones de propiedades estaban dirigidas inicialmente a fincas de la familia Trujillo. Pero en distintos lugares de la región Sur, donde reinaba un ambiente de agitación habían tenido lugar incidentes graves, aunque aislados, las protestas campesinas se extendían a fundos privados.  El director de la Reforma Agraria, el abogado y escritor Freddy Prestol Castillo, había sido enviado apresuradamente a Baní a reunirse con labriegos en interés de zanjar un delicado problema de ocupación ilegal de tierras.  La prioridad del gobierno en este campo era evitar que los incidentes callejeros, con pérdidas de vidas y propiedades, que habían sacudido ciudades importantes se extendieran en las zonas rurales, donde sería más difícil combatirlos.  El esfuerzo no parecía tan fácil. Con todo, la UCN había manifestado, en un mensaje con motivo del Año Nuevo, que veía “con optimismo” el 1962.

 

Bonnelly era el primero en estar consciente de los peligros que los albores de un nuevo año no habrían de disipar.  Su discurso de juramentación delineaba los fundamentos sobre los cuales se regiría el Consejo.  De algo estaba seguro: la responsabilidad mayor recaería sobre sus hombros, una vez Balaguer dejara la presidencia, lo cual parecía no estar muy lejos.  Faltaba por demostrar que su mensaje hubiera calado en el corazón del pueblo.  Abogado de prestigio, intelectual y, sobre todo, hombre de carácter y seriedad probados, Bonnelly adolecía, sin embargo, de la cualidad de hablarle al pueblo en su lenguaje.

 

Su discurso inaugural, lleno de oropeles retóricos, distaba de haber tocado la sensibilidad popular.  “Nuestro pueblo”, había dicho, “lleno de fervor patriótico y de conciencia ciudadana, ha mostrado, con valentía y firmeza excepcional, cuáles son sus verdaderas aspiraciones.  Inspirado en su devoción democrática y en los ideales que nos legaron los fundadores de la República, ha proclamado en forma ejemplarizadora, la necesidad de que su gobierno sea civil; porque solo así podrá establecerse definitivamente en el país un estado de derecho y alcanzar el pueblo dominicano, en todos los órdenes, la cabal realización de su destino”.

Este discurso carecía de lo elemental; se notaba en él una absoluta escasez de frases que pudieran servir de lemas con los cuales estimular la sensibilidad y el fervor populares.  La izquierda y Bosch, hablando desde posiciones ideológicas contrapuestas, sí en cambio parecían haber conseguido llegar al fondo del alma de la población más empobrecida, aquella que para muchos empeñados en reducir los fines de la lucha proselitista a ciertos estratos sociales seguían siendo masas ignorantes, indignas de ser tomadas en cuenta.  Tres décadas de oscurantismo y ausencia de debate político habían contribuido a empañar la perspectiva de una enorme cantidad de personalidades e intelectuales.  Muy pocos comprendían a la perfección que, independientemente del curso político inmediato, las cosas habían definitivamente cambiado.   El discurso de Bonnelly no parecía incluirle entre esa minoría.

 

Movido por las presiones y la agitación creciente, el Consejo se veía compelido a actuar con premura.  Las circunstancias no permitían otra cosa.  En medio de expectativas crecientes y versiones contradictorias respecto a la suerte de las gestiones para lograr el levantamiento de las sanciones hemisféricas, es convocada la primera reunión formal del Consejo, a la mañana siguiente de su juramentación.

Bajo la presidencia de Balaguer, el Consejo decide levantar, en su primer acto oficial de gobierno, la prohibición a la libertad de reunión impuesta desde antes de la tentativa de golpe de estado trujillista del 19 de noviembre.  La medida tiene como propósito restablecer el clima de libertades y reforzar la confianza pública en el Consejo.  También se derogan las restricciones al libre uso de la radio y se designa una comisión responsable de corregir los defectos del sistema carcelario, una de las herencias más patéticas y repudiables de la tiranía decapitada.  Al comentar las primeras decisiones, un portavoz del Consejo dice: “Actuaremos sin precipitación, pero sin pausa”.

Con resultados frustratorios para el partido, el Catorce de Junio da por terminada la búsqueda de presos políticos “por cárceles, sanatorios y hospitales de todo el territorio nacional e islas adyacentes”.  La gestión, autorizada mucho antes por Balaguer, tenía como objetivo indagar el paradero de centenares de desaparecidos y presos de conciencia que sus familiares confiaban encontrar con vida.  De una lista preparada de 215 nombres sólo se encuentra a Julio César Hernández, de la ciudad sureña de Barahona, quien es puesto de inmediato en libertad.  La búsqueda infructuosa iniciada el 23 de noviembre había contado con la cooperación autorizada de oficiales de las Fuerzas Armadas.

En interés de granjearse apoyo, el Consejo actúa en el campo más sensible de la lucha política, designando nuevos funcionarios en un esfuerzo por acelerar el proceso de destrujillización. La designación de Antonio García Vásquez, abogado joven de conocida militancia anti-trujillista, como procurador general de la República y la del doctor Cristóbal Gómez Yangüela, al frente de la Secretaría de Finanzas, sigue a la cancelación de los nombramientos de personal de la dictadura en el servicio exterior.

Los primeros decretos anuncian al país la destitución de Porfirio Rubirosa, famoso “play boy” internacional, quien había estado casado con Flor de Oro, hija de Trujillo, como Inspector de Embajadas y Consulados.  Otro decreto cancela a Hans Cohn Lyon, un ciudadano extranjero, como embajador dominicano en Francia y se despoja de la nacionalidad privilegiada a Lelang Rosenberg, un misterioso personaje que había servido a Trujillo en incontables oportunidades en misiones en el exterior, muchas de ellas no oficiales.

Pese a los problemas de orden público y las dificultades para encontrar vías de consenso en el plano doméstico, la situación no se proyecta del todo mal para el Consejo.  Las noticias procedentes de Washington parecen de pronto reconfortantes.  La prensa internacional se hace eco de versiones según las cuales la comisión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargada de recomendar las acciones a seguir en relación con las sanciones económicas y diplomáticas a la República Dominicana, había fallado a favor de un levantamiento de las mismas.  El grupo había estado observando la situación dominicana a raíz del asesinato de Trujillo y su informe, aún confidencial, hablaba de progresos notables en el campo de las libertades en el país.  Al mismo tiempo, trasciende una información todavía más importante. La OEA había decidido enviar de inmediato una comisión técnica a negociar con la junta de gobierno civil “la ayuda que pueda recibir el país dentro del plan de la Alianza para el Progreso”.  El punto central del informe de la comisión consideraba que el gobierno dominicano, bajo la presidencia de Balaguer, y ahora con la incorporación de otros miembros, había dejado de ser una “amenaza” para la paz del hemisferio.  Las sanciones económicas y diplomáticas estaban vigentes desde el rompimiento multilateral de relaciones por los demás países del sistema interamericano con Trujillo.

Las informaciones coincidían con la presentación de cartas credenciales de un nuevo embajador dominicano en la OEA, el doctor Eduardo Sánchez Cabral, abogado e intelectual de un pasado trujillista mucho menor que el del poeta y diplomático de carrera Virgilio Díaz Ordoñez, quien había ocupado el puesto durante los últimos cuatro años.

Después de 30 años de férreo control de la información, el pueblo se había hecho sensible a cualquier manejo hábil de la opinión pública.  Una noticia ampliamente desplegada en el Diario las Américas, de Miami, contribuía a aumentar la expectación y el ambiente de agitación política, creando incertidumbre en las altas esferas.  El despacho, fechado en San Juan, Puerto Rico, daba cuenta de la alegada existencia de un plan terrorista que habría de estallar en las principales ciudades dominicanas en los quince días primeros de enero.  Algo así como una especia de Bogotazo, cuya víctima principal y primera sería el doctor Viriato Fiallo, presidente y líder de la UCN.

El plan, con auspicios cubanos, tendría por finalidad, entre otras cosas, hacer fracasar una conferencia interamericana convocada en Punta del Este, Uruguay, para analizar el deterioro de la situación en Cuba y la creciente influencia soviética en esa isla.  En la trama tomarían parte, según el diario de Miami, personeros de Fidel Castro y antiguos sicarios de Trujillo, pertenecientes al tristemente célebre desaparecido Servicio de Inteligencia Militar (SIM). La información periodística detallaba el probable asesinato de “líderes de la oposición moderada (dominicana) y de sus familiares”, así como ataques a cuarteles ubicados en Santo Domingo.  Los ataques serían perpetrados por “agentes comunistas” vestidos de militares, para provocar el odio de las multitudes e incitar a tumultos callejeros. Las Fuerzas Armadas se abstienen de formular comentarios sobre el particular y la noticia pierde rápidamente interés, aunque se sigue hablando de ello en medios extranjeros.

La posibilidad de disturbios y estallidos terroristas consterna el Consejo.  Fuera de ello, la junta cumple sus primeras jornadas “con buen pie”.  Al hacer el calificativo, El Caribe destaca en un editorial del martes 2 de enero que el primer día del Consejo ha sido “una fructífera jornada”.

Una leve sacudida, provocada por el paso del neumático sobre un bache, saca a Eudoro Sánchez y Sánchez de sus abstracciones.  Camino de su importante misión reflexiona sobre la rapidez con que los acontecimientos han arropado el país y conducídole al caos.  Esa noche habría dado cualquier cosa por estar en su casa.

La jornada del miércoles 3 de enero, se inicia con un hecho singular: la llegada a Palacio de Bonnelly y otros miembros del Consejo antes que el presidente Balaguer.  Los informes de inteligencia sobre incidentes y otros hechos de violencia en el país, aumentan la intranquilidad de los integrantes del gobierno civil.  En un esfuerzo por aquietar los ánimos encendidos, el Consejo apela nuevamente al sentimiento patriótico de la población en un comunicado invitando al cese de la violencia y otras formas de acción directa.  Como consecuencia del restablecimiento, sin excepción, del estado de derecho, tras la revocación de la ley de emergencia, afirma el documento, “no es posible la consecución de estos inaplazables fines (la consolidación de las libertades públicas), si no se abandonan los sentimientos de odio y de venganza que engendraron los horrores de la tiranía”.

La atención oficial continuaba centrándose, sin embargo, en el problema de las sanciones.  De ahí que el anuncio de la visita al día siguiente a Santo Domingo del secretario general de la OEA, doctor José A. Mora, de Uruguay, provocara tanto entusiasmo.  Las oficinas de Palacio parecieron de pronto resplandecer ante la vecindad de jornadas festivas.  Un despacho de Prensa Asociada (AP) aseguraba en Washington que el viaje de Mora, mantenido hasta entonces en secreto, “indica la virtual seguridad de que el Consejo de la OEA levantará las sanciones a la República Dominicana”.  El breve despacho destacaba las críticas recientes de que había sido objeto Mora “por el papel que ha jugado en los asuntos políticos interamericanos”, pero esta apreciación de la prensa en Washington no habría de desempeñar ningún papel en la visita del funcionario regional a Santo Domingo.

En Washington el Consejo de la OEA que levantaría las sanciones a la República es pospuesto para el día siguiente, jueves 4 de enero.  El anuncio, formulado por la secretaría de la OEA, parece tener sólo como propósito la ganancia de tiempo para alcanzar una votación de consenso.

El Consejo continúa dando, por su parte, señales notorias de actividad. Tres importantes decretos fijan las nuevas normas con respecto a los sistemas de expropiación, la libertad bajo fianza y el pago de multas en casos de apelación.  Sobre el primero, el gobierno establece que “el estado o municipio que, habiendo expropiado una propiedad por motivos de utilidad pública, desista luego de sus propósitos, estará obligado a ofrecer dicha propiedad a su antiguo dueño y por el mismo precio que se le pagó antes de poder vender a terceras personas”.  El sistema anteriormente vigente permitía al Estado o al municipio disponer a su antojo de la propiedad expropiada, aunque no la fuera a destinar al objeto originalmente propuesto.

Los informes del interior resultaban todavía más inquietantes.  En poblaciones como Santiago, la segunda ciudad del país, San Juan de la Maguana, al suroeste, San Francisco de Macorís, en el norte y Puerto Plata, en la costa atlántica, turbas desenfrenadas se entregaban al saqueo y el pillaje, casi en forma indiscriminada.   En medio del desorden elementos desalmados daban riendas sueltas a sus instintos y sentimientos bajos, cobrándose deudas personales.  En las acusaciones públicas contra sicarios del régimen despótico descabezado, se filtraban señalamientos contra gente que no era responsable de la tragedia abatida sobre la nación durante las tres décadas pasadas.  En la confusión tenían lugar hechos que provocaban una profunda consternación y, sobre todo, dudas sobre el futuro.

Un reciente incidente en San Juan de la Maguana era un ejemplo de cuanto acontecía.  En circunstancias que nunca llegarían a establecerse, elementos vestidos a la usanza militar penetraron a una emisora de radio en esa ciudad y asesinaron en su mesa de trabajo al propietario, José Alfredo Achécar. El parte oficial, perdido entre los titulares del día, daba cuenta de que había sido acribillado de siete balazos.  El comité municipal de la UCN emitió una nota enérgica de protesta.  Una cosa resultaba obvia: el crimen pasaría a engrosar una larga lista de desafueros que habrían de quedar sepultados en la vorágine que arropaba a la nación de un extremo a otro.

Al igual que en Santo Domingo, turbas, en su mayor parte integradas por mozalbetes y activistas de partidos, se entregaban en otros lugares a la tarea de atacar a individuos sindicados como antiguos miembros de la policía represiva del dictador.  Negocios y casas pertenecientes a estos elementos son atacados con furia.  Muchos de ellos resultan salvajemente golpeados en plena calle, después de ser perseguidos por cuadras enteras.  La oportuna intervención de la policía impide en algunos casos el linchamiento de varios de ellos.  Los destrozos adquieren de cuando en cuando visos de un pillaje vulgar.  Simples delincuentes se mezclan con los indignados cazadores de “calieses” y es difícil en la confusión establecer la diferencia.

En lo que luciría después como una señal premonitoria, una multitud asalta el teatro Olimpia, en la calle Palo Hincado, de Ciudad Nueva, a escasas yardas del Parque Independencia mientras se proyectaba el filme norteamericano “Lo que el Viento se llevó”.  Unos cien espectadores huyen despavoridos, pero la turba consigue prender fuego al automóvil del administrador estacionado en la vía, frente al local.  Los daños materiales fueron cuantificados como “menores”.  Sin embargo, su impacto político sobrecoge.  Los vecinos del sector sienten una enorme sensación de inseguridad y adoptan medidas de precaución.  Las madres ordenan a sus hijos mantenerse dentro de los hogares a la puesta del sol.  Y como era usual, no volverían a colocarse por algún tiempo mecedoras en las aceras de las calles aledañas para tomar el fresco de la tarde.

Al pasar aquel día por las cercanías, camino del antiguo Parque Ramfis, para jugar ajedrez en el local en que venía haciéndolo día por día desde hacía años, Gustavo Adolfo Peña (Papito) –también apodado AT-6 por su afición a los aviones militares- siente que cambios profundos se proyectan sobre el país.  Piensa que nada será igual dentro de poco y un profundo estremecimiento, con la fuerza de una descarga eléctrica, le recorre el cuerpo.  Nadie acudió al parque a jugar ajedrez aquella tarde y Peña no tuvo más remedio que regresar para entregarse en su casa al estudio de una variante complicada, mientras escuchaba un aria de “La Traviata”, de Verdi, una de sus óperas favoritas.

El temor a la violencia se extiende al más alto nivel político.  Juan Bosch, candidato a la Presidencia por el PRD, pronuncia un discurso al través de “Tribuna Democrática”, vocero radial de su partido.  Transmitiendo por Radio Caribe, la antigua planta desde la cual Trujillo lanzaba sus fieros ataques a la Iglesia Católica, al agudizarse las diferencias con la jerarquía eclesiástica en las postrimerías del régimen, el discurso de Bosch viene a ser una radiografía de la crisis.  Más que una alocución política, tiene todos los visos de una premonición.  Es también un intento de definir posiciones en el campo del debate ideológico.  Sus advertencias contra el peligro del comunismo superan cuanto haya podido proclamar la UCN: “Por el camino de la violencia tenemos una sola salida: la revolución armada.  Y la revolución armada tiene una sola salida, el régimen comunista”.

En su característico lenguaje, tan cautivante para aquella masa sedienta de mensaje y esperanzas de reivindicación social, Bosch formula una severa condena del recurso de la violencia como método de lucha política.  Antes, años atrás, en América Latina, lo más radical era un gobierno de hombres honestos “que no se robara los dineros del pueblo” y que respetara las libertadas públicas, celebrara elecciones limpias y defendiera los intereses nacionales contra negociantes corrompidos del país y del extranjero.  Ahora, decía, el símbolo del radicalismo latinoamericano era el gobierno comunista establecido en Cuba por Fidel Castro.  Un régimen como el de La Habana sería incapaz, a juicio de Bosch, de resolver los problemas dominicanos como no los había resuelto en países parecidos, y este era el caso concreto de Cuba.  El peligro radicaba, según Bosch, en que los dominicanos tomaran el camino de la violencia.  Si esto sucedía, el país terminaría en manos de los comunistas.

La táctica de estos últimos era lanzar a las fuerzas democráticas, como el PRD, a destruirse entre sí.  Bosch prevenía contra el error de quienes aupaban desde otras posiciones ideológicas esa posibilidad y no pensaban que la eventual destrucción de las fuerzas democráticas les dejaría el camino libre al “radicalismo comunista”.  Su discurso estaba dirigido también a quienes pretendían asociar a su partido a los últimos brotes de desenfreno callejero.  El PRD, dijo, no predica la violencia.  Su preocupación era la búsqueda de soluciones a los problemas sociales para atender las necesidades agobiantes de la población.  Para los dirigentes de ese partido, lo esencial de la lucha política era el mejoramiento de las condiciones generales de la nación y sus habitantes; en ningún modo estaba dirigida a socavar los cimientos de la unidad y hacer a los dominicanos enemigos unos de otros.

La alocución despejó toda duda respecto a las escasas posibilidades de cooperación entre el PRD y el nuevo gobierno colegiado.  Buena parte del discurso estuvo dirigido a culpar al Consejo de Estado, y a las fuerzas que lo apoyaban, de la campaña para dividir a su partido.  Específicamente, Bosch hizo mención del nombramiento de Nicolás Silfa como Secretario de Estado de Trabajo.  Ello era parte de los esfuerzos oficiales –decía- para desarticular al PRD, y consideraba el nombramiento como una “acción incalificable”.  Bosch echaba en cara al gobierno que el decreto había sido dictado sin consultar previamente e incluso informar al partido.  Bosch estaba dolido contra el Consejo y dijo que el nombramiento de Silfa era parte de un plan contra él y el PRD que había comenzado “con una campaña de calumnias, para lo cual se prestaron sectores de la Unión Cívica Nacional”.  La más usada de las calumnias era la de que el PRD se había vendido, y respecto a Silfa afirmaba: “Ese miembro de nuestro partido aceptó el cargo y estamos seguros de que lo aceptó sin darse cuenta de la maniobra que se estaba haciendo contra una organización como la nuestra que no puede perder la fe del pueblo porque si pierde la fe no podrá serle útil al país”.

Bosch tildaba como responsable de esa campaña en su contra a un importante miembro del Consejo de Estado y advertía sobre la existencia de un plan (que jamás llegaría a concretarse), para agrupar a los remanentes del Partido Dominicano, la fuerza política sobre la cual Trujillo sustentó su reinado de terror, en una nueva entidad que habría de servir de instrumento político a ese miembro del Consejo, que no podría ser otro que Amiama Tió o el propio Imbert Barrera.  Bosch acusaba directamente a sectores de la UCN de la maquinación señalando que las acusaciones en su contra pudieron haberse reservado “para ese personaje que está maquinando la destrucción del PRD y la división de la UCN”.

Lo que Bosch no alcanzaba a explicarse, y expresaba su coincidencia con la interrogante abierta días antes por un editorial de El Caribe, era de por qué no se había esperado la instalación del nuevo Consejo de Estado para designar a Silfa o a cualquier otro en la Secretaría de Trabajo.  No se esperó porque el nombramiento estaba combinado con ese miembro del Consejo de Estado.  De hecho Bosch desligaba de la campaña al presidente Balaguer y arremetía con todas sus fuerzas contra Bonnelly en quien veía su adversario principal.

 

La apreciación de Bosch es injusta.  Bonnelly nada tuvo que ver con ese nombramiento, hecho por Balaguer un día antes de la instalación del Consejo de Estado.

Con respecto al discurso de juramentación de éste, externó un criterio que dejaba traslucir su poco entusiasmo de cooperación eventual.  El discurso había sido pobre y vacío de contenido.  En América Latina, decía, se dicen diariamente miles como ése, y al país sólo le quedaba esperar “con paciencia cristiana” qué haría el Consejo.

Bosch había sido criticado por algunas referencias complacientes acerca de la situación de los colaboradores de la tiranía.  A pesar de su largo exilio se le había llegado a tildar últimamente como carente de voluntad para encabezar un movimiento de “destrujillizacion” verdadero y efectivo, que garantizara la solidez del proceso democrático.  Al comentar las purgas de trujillistas emprendida por el nuevo Consejo de Estado, Bosch reflexionaba: “Eso puede resolver la situación de algunas de las personas que necesitan trabajar, pero no resuelve la situación de un pueblo que necesita con urgencia comida, techo, justicia social”.  El país debe rechazar que se le llene el corazón de odio “porque detrás del odio vendrá la República socialista en Santo Domingo”.

Personas que habían quedado en situación indefinida y temían por sus vidas e intereses por sus antiguos nexos con la dictadura, comenzaron a sentirse a gusto con la prédica de Bosch.  Casi un año después ello habría de influir en los resultados de la elecciones presidenciales que le llevarían al poder.

Como alocución cotidiana, el discurso de Bosch de aquel día podía entenderse como una simple tentativa de fijar posiciones, ganar adeptos y abrir fuego a ataques directos contra él y su partido.  Pero en verdad era una formulación de valores que trascendía el debate del momento.  En primer lugar definía el carácter ideológico del partido y, sobre todo, trazaba las fronteras de las relaciones inmediatas con el gobierno.  Las perspectivas de un entendimiento o una cooperación que permitiera al Consejo ampliar sus débiles bases políticas quedaban de hecho pulverizadas.

Bosch no ocultó nunca que sus diferencias con Bonnelly y la UCN estaban marcadas por cuestiones de “clase”.  En su libro “Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana” diría más tarde;

“Guiada por la casta de ‘primera’, la alta clase media y la mediana clase media –incluyendo en ésta a los comunistas del PSP, aunque cause asombro a los comunistas de otros           países-, sin distinción entre adultos y jóvenes, repudiaron a Joaquín Balaguer por trujillista y escogieron para sucederle a Rafael F. Bonnelly.  ¿Por antitrujillista? No; porque pertenecía a la casta.  Rafael F. Bonnelly era tan trujillista como Balaguer y más responsable que Balaguer de los peores aspectos del trujillismo.

“Balaguer, doctor en derecho graduado en París, no le sirvió como abogado a Trujillo; Bonnelly, licenciado en derecho de la Universidad Dominicana, fue el abogado y notario preferido por Trujillo para legalizar sus apropiaciones forzadas de tierras y bienes.  Balaguer, buen orador, pronunció numerosos discursos a favor de Trujillo; Bonnelly, lector de discursos, leyó tantos en favor de Trujillo, como los que Balaguer improvisó. Balaguer no le sirvió a Trujillo en cargos donde tuviera que tomar medidas represivas; Bonnelly fue durante años el Secretario de Estado de Interior y Policía, instrumento de la policía represiva del régimen.  Nadie puede afirmar que Balaguer se enriqueció con el favor de Trujillo; nadie puede afirmar que Bonnelly salió del servicio de Trujillo con los mismos bienes que tenía al iniciar su carrera de funcionario trujillista”.

 

Bonnelly parecía, después de todo, bien intencionado.  La apreciación de Bosch no le hacía justicia.

 

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