Se querellan contra exministros MOPC

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La querella contra los exministros fue depositada en la Procuraduría General.

Una querella por el supuesto manejo irregular de más de 19,000 millones de pesos en la compra de hormigón asfáltico caliente fue depositada contra los exministros de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo y Ramón Pepín.

La organización cívica no partidista Sed de Justicia depositó ayer en la Procuraduría General de la República la querella donde afirman que Castillo y Pepín supuestamente en el ejercicio de sus funciones cometieron malversación de fondos públicos y defraudación en la compra grado a grado de más de 19,000 millones de pesos en Hormigón Asfáltico caliente (HAC), en los periodos abril-septiembre de 2019 y enero-marzo de 2020.

Indicó que esto se evidencia en las documentaciones oficiales del propio Ministerio, y ante las conclusiones de la Dirección General de Contrataciones Públicas que, explicó, encontró graves violaciones a la Ley, y el posible contubernio de Castillo y Pepín para beneficiarse directa o indirectamente de los fondos envueltos en estas operaciones ilegales.

Daños y perjuicios al Estado

La organización sostuvo en el documento que las supuestas actuaciones de los exfuncionarios constituyen una falta grave por las implicaciones de defraudación del erario y los daños y perjuicios causados al Estado Dominicano.

Expuso que el 19 de diciembre del 2019 en el programa El Informe, del cual anexaron un CD como prueba, se reveló que en el Ministerio de Obras Publicas bajo la gestión de Castillo había otorgado 39 contratos grado a grado a compañías previamente elegidas por él, a las que compró más de RD$11,500 millones de pesos el hormigón asfaltico caliente, sólo en el periodo abril-septiembre de 2019, en un esquema de coalición para delinquir de los funcionarios responsables de ese ministerio, encabezados por Castillo y Pepín.

No se sabe qué hicieron con el hormigón asfaltico

La organización cívica no partidista dijo, también, que a la fecha se desconoce el destino dado por Castillo y Pepín a las compras del asfalto. “Prevaleciendo serias dudas sobre la certeza de que los materiales asfálticos pagados de manera fraudulenta llegaran efectivamente a manos del Ministerio y de que se les diera el uso institucional objeto de la supuesta necesidad”, expuso.

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