Sobre el proyecto de ley de modificación presupuestaria

El Ministerio de Hacienda sometió al Congreso Nacional el proyecto de ley de modificación de la Ley de Presupuesto General del Estado (PGE), correspondiente al presente año. Esta pieza contiene novedades como el bajo incremento que reflejan las recaudaciones respecto a lo originalmente presupuestado y lo que ha sido la narrativa oficial sobre los logros en esta materia, también un aumento mucho mayor en el gasto como resultado de erogaciones asociadas a la pandemia y otros, el incremento del déficit proyectado del Gobierno Central y en aspectos concernientes al financiamiento.
Ingresos

En la pieza sometida al Congreso, se proyecta un incremento en las recaudaciones de RD$20,052 millones respecto a los RD$746,314 millones que se contemplaron en el Presupuesto General del Estado (PGE). Este monto convoca la atención, ya que tanto la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) como la Dirección General de Aduanas (DGA), han publicado cifras que superan por mucho el aumento en los ingresos incorporados al proyecto de ley.

Este monto tampoco es consistente con las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto (PIB) nominal, contenidas en el Marco Macroeconómico que recientemente publicara el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo. Según este, la economía dominicana crecería en términos nominales un 15 %, lo que implica un aumento de 5.8 puntos porcentuales respecto al crecimiento de 9.2 % proyectado originalmente cuando se formuló el PGE para el 2021.

Solo como resultado del crecimiento previamente indicado, unos RD$224,000 millones sobre lo proyectado en el PGE, las recaudaciones deberían elevarse adicionalmente RD$30,000 millones. A este monto deberían sumársele la proporción de los ingresos no contemplados en el PGE, por concepto de la Ley de Transparencia y Revalorización Patrimonial, así como las recaudaciones por el pago diferido de anticipos del impuesto sobre la renta correspondientes al 2020 y liquidados en este año y la pregonada mejora en la eficiencia recaudatoria que han expresado las autoridades.

Una explicación más consistente con las estimaciones precedentemente expuestas y con la propia narrativa oficial, es que las recaudaciones aumentarían en el año RD$107,368 millones por encima de lo presupuestado. De este monto, RD$87,316 millones se destinarían a cubrir el faltante que se registró como ingreso de capital en el PGE y el monto restante se incorporó en el proyecto de ley de modificación presupuestaria.

En el supuesto de que las proyecciones de recaudación sean coherentes con lo que se describe en el párrafo que antecede, las autoridades estarían incurriendo en falta de transparencia, innecesaria, que solo afectaría la credibilidad de las cuentas fiscales. Las estadísticas publicadas en los meses por venir arrojarán evidencias sobre este particular.

Lo precedentemente expuesto sobre las recaudaciones y su destino, podría explicar el porqué las autoridades fiscales no obtemperaron la solicitud de las autoridades del Banco Central en el sentido de que los ingresos adicionales recaudados por la DGII y la DGA al mes de mayo, unos RD$60,000 millones, fueran destinados a la creación de un fondo para mitigar los incrementos de precios que se registran en el país desde el pasado año.

Gastos

En el proyecto de ley sometido por las autoridades, se especifican incrementos de gastos por RD85,212 millones. Sin embargo, llama la atención que en la comunicación de exposición de motivos al Congreso, se destaca que de este monto se destinarían RD$33,277 millones al proceso de reactivación económica y a hacer frente a las secuelas de la pandemia.

En consideración de que el gasto de capital en proyectos de inversión acusa una significativa subejecución, habiendo gastado alrededor de un 45 % de lo que se estima debió ejecutarse en el primer semestre del año, despierta interés conocer las iniciativas de las autoridades para fortalecer la reactivación de la economía.
Sobre todo, después que ellas mismas han dado a conocer que el crecimiento económico se ha acelerado y que se espera una expansión en términos reales de un 8 % en el presente año, en lugar del 5 % originalmente previsto.

Otra partida de gasto que despierta interés es la reducción de RD$26,971 millones en el pago de intereses de la deuda pública. Debido a que no se conoce ninguna operación de reestructuración de deuda que permita un diferimiento del pago de intereses y que la disminución de la tasa de cambio verificada en el marco macroeconómico que sirvió de referencia al proyecto de ley, aunque notoria, no justifica una disminución de esa magnitud en el pago de los intereses de la deuda externa. Haría bien a la credibilidad de las cuentas fiscales que las autoridades ofrezcan las explicaciones correspondientes de cómo se originaría esta disminución.

Déficit del Gobierno Central

Con las nuevas proyecciones de recaudaciones y las medidas de gastos contempladas en el proyecto de ley, el déficit del Gobierno central se incrementaría en 65,160 millones, equivalente a 1.3 % del PIB. De esta manera, el déficit estimado para 2021 pasaría de 2.8 % originalmente previsto en el PGE a 4.1 % del PIB.

La nueva proyección del déficit está en línea con la observación que realizaran diversos expertos cuando se sometió al Congreso el PGE correspondiente a este año. Estos señalaban que el déficit del gobierno estaba subestimado y que cerraría el año con un resultado negativo estimado entre 4 % y 5% del PIB. No obstante, la proyección del déficit del gobierno podría ser superior si la reducción del pago de los intereses de la deuda estuviese encubriendo el diferimiento de una proporción de los intereses a ser pagados al Banco Central, en el marco del cumplimiento de la Ley de Recapitalización de esa entidad.

Financiamiento

Una controvertida estrategia de endeudamiento ejecutada a finales del año 2020 permitió que al cierre de ese año el gobierno dispusiera de unos RD$77,000 millones en cuentas de la Tesorería Nacional. Esta disponibilidad de caja permitirá al gobierno financiar el déficit de RD$65,160 millones contemplados en el proyecto de ley de modificación presupuestaria sometido al Congreso Nacional, sin tener que recurrir a nuevos préstamos, ya que se adelantó el endeudamiento el pasado año para utilizar los recursos tiempo después de haber sido desembolsados.

Conclusión

Más allá del incremento en las recaudaciones que pudiera explicarse por una recuperación más fuerte de la economía, la mayor inflación e ingresos extraordinarios por diferentes conceptos, será de interés observar si la eficiencia que reflejan las entidades recaudadoras podrá sostenerse en el futuro, pues, de mantenerse, situarían la presión tributaria en un nivel más elevado que lo que se verificó en el pasado reciente. Este aspecto sería crucial para la decisión y diseño de una posible reforma fiscal.

Tanto el gasto como los ingresos reflejan una desviación exagerada respecto a las proyecciones originales contempladas en el PGE. Incluso, en los gastos aún después de descontar las erogaciones derivadas del manejo de la pandemia, el monto restante sigue siendo significativamente elevado. Esto refleja decisiones de carácter político que se adoptan fuera de lo programado en el presupuesto, sin que haya razones contingentes que lo justifiquen, lo que afecta la predictibilidad de las cuentas públicas y eventualmente será tomado en consideración por los organismos internacionales al evaluar el desempeño de la formulación y ejecución de las cuentas fiscales.
Los ingresos extraordinarios que recaudaría el Gobierno en el presente año le permitirían manejar las presiones de gastos y alcanzar un balance fiscal mucho más bajo que el que eventualmente hubiese registrado, alrededor de un 6 % del PIB. Un déficit proyectado de 4.1 % del PIB, otorga al Gobierno un compás de espera frente a los mercados financieros y los organismos internacionales, en lo concerniente a la decisión de impulsar una reforma fiscal.

De todas maneras, cuando se suman los balances negativos proyectados del Gobierno y el Banco Central, el déficit consolidado se sitúa entre 5.5 % y 6 % del PIB, insostenible para una economía con los niveles de endeudamiento que ya exhibe la República Dominicana.

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