La testigo del Ministerio Público María Álvarez de Maio, en el juicio de fondo del caso Odebrecht, indicó ayer que no encontró ningún delito en los documentos que analizó para hacer los informes societarios de las empresas de los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y Andrés Bautista.
En el momento de contrainterrogatorio, Álvarez de Maio, quien era analista de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, precisó que no encontró ningún delito y que si lo hubiera detectado lo hubiera informado a sus superiores.
La testigo, abogada de profesión, ante las preguntas de uno de los abogados de Conrado Pittaluga, indicó que, si hubiera encontrado algún ilícito, no lo habría plasmado en el informe, sino que simplemente lo hubiera notificado.
Cuando le tocó el turno a la defensa de Rondón, Álvarez de Maio dijo que en los documentos analizados no encontró vinculación entre las empresas Lashan Corp., Hacienda Los Ángeles, Adeline Group Corporation, Roymar, Conamsa SRL y Copodan, SAS, todas del referido imputado, con las de los demás acusados en el caso.
No hubo cesiones ni créditos
La abogada Emery Rodríguez le preguntó si en las asambleas, ordinarias, extraordinarias o anuales de esas compañías, con cuyos documentos hizo los informes, se registraron cesión de crédito, autorización de préstamos o traspasos de acciones a los imputados Víctor Díaz, Andrés Bautista, Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez o Conrado Pittaluga, o a una de sus empresas, a lo que Álvarez de Maio respondió que no.
Asimismo, al ser cuestionada si en Hacienda Los Ángeles hubo convenios con empresas de los demás imputados, Álvarez de Maio también respondió negativamente.
En el juicio que conocen las tres juezas que componen el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la testigo, además, precisó que, de los documentos analizados para hacer los informes, reflejaron que las actividades que vio de las empresas de Rondón eran lícitas.
Siguiendo con el contrainterrogatorio, la analista, al ser preguntada por la defensa de Andrés Bautista, dijo que en los documentos de la empresa Incarna, del referido imputado, no encontró alguna operación ilícita o dolosa.
La analista del órgano de persecución penal dijo, ante preguntas del abogado Carlos Salcedo, defensor de Bautista, que no tiene especialización en derecho societario, sino que tiene conocimientos básicos de la ley de sociedades tras realizar un diplomado de cuatro meses impartido por el Ministerio Público.
Los informes que hizo Álvarez de Maio, a solicitud de la entonces titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, contienen certificaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y La Vega, certificados de registro mercantil, copias de actas de venta de acciones, certificados de los estatutos sociales de las empresas, entre otros documentos.
Álvarez de Maio, quien ayer terminó de atestiguar, duró tres días declarando ante las juezas Esmirna Gissel Méndez, Thania Yunes y Jissel Naranjo.
Con sus declaraciones, el Ministerio Público incorporó al juicio unas 100 pruebas. El titular de la Pepca, Wilson Camacho, afirmó ayer que la defensa de este caso, cada vez que el Ministerio Público presenta un testigo e incorpora evidencia, “retumba como un grito desesperado” dentro y fuera de la sala de audiencias.
Ordena devolver yate “La Balbie” a yerno de Díaz
Por otro lado, ayer también el juez Teófilo Andújar, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, ordenó devolver a un yerno de Víctor Díaz Rúa, el yate “La Balbie”, que fue incautado por el Ministerio Público como parte de las pruebas del caso Odebrecht.
El magistrado también ordenó al Ministerio Público el pago de un astreinte de 20 mil pesos por cada día que incumplan la decisión emitida.
La sentencia del juez se da a raíz de que Leonardo Font-Bernard, esposo de una hija de Díaz Rúa, y la compañía Nutberry Limited, que este representa, interpusieron un recurso de amparo para que la embarcación vuelva a sus manos.
Font-Bernard y Nutberry Limited aparecen como propietarios de la embarcación, que está en manos del Ministerio Público desde septiembre de 2017.
Al respecto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó, al salir de la sala de audiencias donde se conoce el caso Odebrecht, que recurrirán ante el Tribunal Constitucional para pedir una revisión a la decisión del juez.
Con este recurso, la Pepca, procederá, además, a interponer una demanda en suspensión de sentencia.
