Santo Domingo – El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, recesó para el próximo jueves la revisión obligatoria de la medida de coerción en contra del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás implicados en el entramado de corrupción desarticulado mediante la operación Coral 5G.
En la audiencia de hoy, la defensa de los 12 acusados de pertenecer a un entramado que supuestamente desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), presentaron sus alegatos defensivos.
Mientras que a partir de las 2:00 de la tarde del próximo jueves, el Ministerio Público presentará sus argumentos donde tratará de convencer al juez Raymundo Mejía que debe mantener la coerción a los imputados para preservar el desarrollo de la investigación. Luego la defensa concluye con la réplica de esos argumentos.
Además de Torres Robiou, por el caso Coral son procesados los generales Julio Camilo de los Santos (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como el capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Las imputaciones
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), los generales de las instituciones castrenses apresados en la Operación Coral 5G, crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones militares para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca eran entregados, se realizaban cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
Además, establece el expediente que asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para operaciones de inteligencia, valores que supuestamente eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), y otras instituciones estatales.
Otra de las características de la red, de acuerdo con el expediente, es que nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.
