Mientras Haití se hunde en un caos institucional sin precedentes, dominado por bandas armadas que secuestran, asesinan y controlan los principales accesos del país, la República Dominicana se enfrenta a preguntas urgentes y existenciales: ¿cómo lidiar con un vecino colapsado? ¿Debe asumirse un rol pasivo, reactivo, solidario o frontalmente defensivo?
La situación ya no es un estricto problema de pobreza o migración: Haití es, objetivamente, un Estado fallido. Según datos del Global Fragility Index (Fund for Peace, 2024), ocupa el segundo lugar entre los países con mayor debilidad institucional en el hemisferio occidental. La Policía Nacional Haitiana ha perdido el control de zonas claves, el gobierno de facto carece de legitimidad y la mayoría de la población está expuesta a la violencia cotidiana. En palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “Haití necesita una respuesta internacional urgente, estructural y sostenida. Sin ella, el país caerá aún más en el abismo”.
La comunidad internacional lo sabe, pero actúa con torpeza. La ayuda humanitaria es insuficiente. La promesa de una misión multinacional, liderada por Kenia, se ha visto retrasada por cuestiones legales y de logística. Estados Unidos, Canadá y Francia, naciones con responsabilidad histórica en la configuración del destino haitiano, ofrecen declaraciones más que compromisos efectivos. Y mientras tanto, la presión recae sobre la República Dominicana.
Una frontera entre dos mundos
Para los dominicanos, esta crisis no es nueva. La historia compartida con Haití ha sido, por lo general, tensa y marcada por profundas diferencias. Aunque forman parte del mismo territorio insular, la divergencia entre ambas naciones es más que evidente: idioma, religión, instituciones, cultura política y modelo económico. Mientras República Dominicana ha logrado sostener un crecimiento económico firme (PIB per cápita dominicano de US$22,833, respecto al PIB per cápita haitiano de US$3,305, según cifras de 2024 del Banco Mundial) Haití ha vivido en un ciclo ininterrumpido de violencia, inestabilidad y retroceso.
Muchos intelectuales dominicanos y observadores internacionales coinciden en que no se trata de una diferencia meramente coyuntural, sino estructural. El historiador Frank Moya Pons ha argumentado que “desde su independencia, Haití desarrolló un modelo agrario, cerrado y militarizado, mientras la parte oriental adoptó -–con dificultad-– instituciones coloniales españolas más abiertas a la integración con el mundo atlántico”. En otras palabras, los dos pueblos han evolucionado por caminos históricos distintos, incluso incompatibles.
Este aislamiento de Haití no se limita a la frontera: también lo vive en el Caribe y América Latina. No forma parte activa del Mercosur ni de alianzas culturales con los países de habla hispana. Su sistema lingüístico, centrado en el creole y el francés, lo ha mantenido lejos de los circuitos iberoamericanos. Su tradición religiosa, marcada por el sincretismo del vudú y sus patrones de organización social (tribales, clientelistas, fuertemente informales) complican aún más su inserción en un orden civil moderno, como el que intentan construir sus vecinos.
¿Qué hacer entonces?
Frente a este panorama, la República Dominicana tiene el deber de proteger su soberanía, su tejido social y su estabilidad institucional. Pero también debe ejercer un liderazgo moral que evite la indiferencia o la xenofobia. Es un equilibrio difícil, pero imprescindible.
Una estrategia razonable debería incluir cinco pilares fundamentales:
- Reforzamiento de la frontera:
El muro fronterizo debe completarse, no como símbolo de exclusión, sino como instrumento legítimo de defensa nacional. Debe estar acompañado de tecnología (sensores, drones, cámaras), así como de coordinación efectiva entre el Ejército, el CESFRONT y la Dirección General de Migración. - Control migratorio con rostro humano:
Es necesario regularizar la situación de haitianos que ya residen pacíficamente en el país y que contribuyen al sistema económico. Pero también es imprescindible deportar, con apego al debido proceso, a quienes ingresan de forma ilegal. La defensa de la legalidad no debe confundirse con discursos de odio.
3.Creación de corredores humanitarios:
En lugar de permitir el paso descontrolado de migrantes desesperados, se pueden establecer pasos fronterizos regulados, donde organizaciones internacionales (Cruz Roja, ACNUR, PMA) brinden asistencia sin comprometer la seguridad nacional. - Diplomacia ofensiva:
La República Dominicana debe liderar una campaña regional e internacional que exija corresponsabilidad a Francia, Estados Unidos, Canadá y a los organismos multilaterales. El problema haitiano no puede ser dominicanizado. Se trata de una crisis continental, y debe abordarse como tal. - Rechazo a toda fusión estatal:
Cualquier intento de crear una confederación o modelo de bi-nacionalidad debe ser rechazado con firmeza. Ni cultural ni institucionalmente es viable una integración de dos pueblos que, aunque vecinos, han construido identidades distintas. La soberanía no es negociable.
¿Y la solución africana?
Algunos sectores -–con nostalgia histórica o desencanto político– han propuesto que la única forma de que Haití recupere una identidad plena es retornando simbólicamente a África, su tierra ancestral. Esta creencia, si bien recoge una dimensión cultural real (la herencia africana del pueblo haitiano es profunda), resulta hoy impracticable e incluso arriesgada. Haití ya no es África. Sus ciudadanos nacieron en el Caribe, lucharon contra el colonialismo y construyeron, con todos sus errores, una república independiente desde 1804.
El retorno masivo a África sería inviable en términos logísticos, cuestionable en términos jurídicos y moralmente problemático. La historia no puede deshacerse, y mucho menos desandarse con teorías de limpieza étnica o repatriación. Más sensato sería trabajar para que Haití recupere su soberanía sobre sí mismo, con instituciones funcionales y un modelo de desarrollo endógeno.
El deber de trazar límites
La República Dominicana no puede asumir sola la reconstrucción de Haití, pero tampoco puede cruzarse de brazos. El pragmatismo exige trazar límites claros: no al caos migratorio, no a la fusión, no al abandono internacional. Pero también exige una ética de la responsabilidad: sí al liderazgo regional, sí a la diplomacia firme, sí a la contención inteligente.
En última instancia, la frontera entre República Dominicana y Haití es también una frontera entre el orden y el desgobierno, entre la nación viable y la nación fallida. Pero no puede ser una frontera entre el humanismo y el desprecio. Defender la soberanía no implica despojar al otro de su dignidad.
El destino de la isla depende hoy de la capacidad dominicana para ejercer un liderazgo lúcido, firme y constructivo. No como redentor, pero sí como actor insoslayable en una tragedia que, de no contenerse a tiempo, acabará por desbordarlo todo.
