Hay países que parecen condenados a vivir bajo el peso de su propia historia, como si los agravios acumulados por los muertos se transmitieran a los vivos y les impusieran una deuda imposible de saldar. Haití es uno de los ejemplos más dolorosos de esa herencia. La violencia que hoy somete a barrios enteros, la indefensión de sus habitantes y el derrumbe de buena parte de sus instituciones no pueden comprenderse sin mirar hacia atrás. Pero la historia, por severa que sea, explica una parte del presente; no lo absuelve ni puede servir de coartada para quienes, desde dentro o desde fuera, han contribuido a perpetuarlo.
En 1791 comenzó en Saint-Domingue la insurrección de los esclavizados que acabaría transformando el orden colonial del Caribe. Después de una guerra larga y devastadora, Haití proclamó su independencia el primero de enero de 1804. Nacía así la primera república surgida de una revolución de esclavizados victoriosa, un acontecimiento que alteró las ideas de libertad de su tiempo y que las potencias esclavistas observaron con temor. La guerra arrasó la economía y dejó al nuevo Estado rodeado de hostilidad y aislamiento.
La independencia, sin embargo, no trajo consigo el reconocimiento inmediato de las potencias. En 1825, bajo la amenaza de una escuadra francesa, el rey Carlos X exigió a Haití una indemnización de 150 millones de francos para compensar a los antiguos colonos por la pérdida de sus propiedades, incluidos los seres humanos que habían sido esclavizados. Francia condicionó el reconocimiento de la independencia al pago de aquella suma. En 1838, el monto se redujo a 90 millones de francos y se estableció un nuevo calendario de pagos. Para hacer frente a semejante obligación, Haití tuvo que recurrir al crédito y comprometer durante décadas recursos que debieron destinarse a escuelas, caminos, puertos, agricultura y servicios públicos. No fue la única causa de la pobreza haitiana, pero sí una carga extraordinaria para una nación recién nacida.
Sería cómodo, no obstante, explicar todo lo ocurrido desde entonces como una larga conspiración extranjera. La explotación exterior, las intervenciones militares y las relaciones económicas desiguales dañaron gravemente la soberanía haitiana; también lo hicieron el autoritarismo de sus gobernantes, la corrupción, las rivalidades entre élites y la incapacidad de construir instituciones estables e inclusivas. La historia no admite una contabilidad moral en la que toda culpa se cargue a una sola columna. Las responsabilidades externas e internas no son siempre equivalentes, pero ambas deben examinarse para comprender por qué una sociedad tenaz en su lucha por la libertad ha vivido tantas veces privada de ella.
Durante buena parte de su existencia, el Estado haitiano no logró convertir la independencia formal en una ciudadanía protegida por leyes e instituciones eficaces. Las dictaduras, la represión y la exclusión debilitaron la confianza pública. La pobreza no surgió de una supuesta incapacidad de los haitianos, sino de decisiones, despojos, catástrofes y oportunidades perdidas. Un pueblo puede ser víctima de la historia y necesitar, al mismo tiempo, revisar las estructuras que impiden a sus ciudadanos gobernar su destino.
El terremoto del 12 de enero de 2010 abrió una herida de dimensiones colosales. La destrucción de Puerto Príncipe, las muertes y el desplazamiento de cientos de miles de personas dejaron al descubierto la fragilidad de la infraestructura y las instituciones. La ayuda internacional alivió sufrimientos urgentes y movilizó recursos considerables; sin embargo, una parte importante de aquella asistencia se canalizó a través de organizaciones externas, sin fortalecer suficientemente las capacidades públicas haitianas. La emergencia exigía rapidez; la reconstrucción, continuidad y una autoridad legítima. Se distribuyeron suministros y se atendieron necesidades inmediatas, pero no se consiguió consolidar un Estado capaz de resistir nuevas conmociones.
La experiencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida como MINUSTAH, tampoco puede despacharse con un veredicto simple. Desplegada en 2004 y concluida en 2017, contribuyó en distintos momentos a contener la violencia y respaldar tareas de seguridad y fortalecimiento institucional. Sin embargo, no dejó instituciones suficientemente sólidas para impedir que el vacío de poder volviera a ensancharse. Su legado quedó, además, gravemente ensombrecido por abusos cometidos por integrantes de la misión y por la introducción del cólera en el país, vinculada a personal de las Naciones Unidas. La intervención internacional puede ganar tiempo, pero no sustituye la legitimidad ni la responsabilidad de gobernar.
Hoy, las bandas armadas dominan territorios, bloquean rutas, extorsionan a comerciantes y someten a la población a secuestros, asesinatos y desplazamientos. Cuando la escuela cierra, el hospital deja de funcionar y el agricultor no puede llevar sus productos al mercado, la crisis deja de ser una abstracción política: se convierte en hambre, miedo y pérdida de futuro. La inseguridad alimentaria, los servicios precarios y la ausencia de autoridad se refuerzan mutuamente. Pedir elecciones sin seguridad es tan insuficiente como exigir seguridad sin una salida política confiable.
Haití necesita una transición que no sea una simple distribución de cargos entre grupos rivales ni una tutela extranjera indefinida. Necesita una autoridad con legitimidad suficiente, participación haitiana real y un mandato concreto para restablecer la seguridad, reconstruir la policía, reabrir los tribunales y preparar una representación política aceptada por la sociedad. La cooperación internacional puede aportar recursos, formación y respaldo logístico, pero debe someterse a objetivos verificables y mecanismos de transparencia. También es indispensable reducir el flujo de armas y municiones que alimenta a las bandas, mediante controles efectivos en los países de origen, tránsito y destino. No se puede pedir a Haití que desarme a sus criminales mientras el exterior sigue abasteciéndolos.
La reconstrucción, además, no puede limitarse a recuperar el orden en las calles. Sin escuelas, hospitales, agua potable, electricidad, caminos transitables, crédito y empleos, la estabilidad será apenas una pausa entre dos episodios de violencia. La agricultura y la protección de las cuencas deben formar parte del programa, pues la degradación ambiental aumenta la vulnerabilidad y encarece la vida. Cada proyecto necesita plazos, presupuestos públicos y evaluación independiente. La ayuda que no fortalece las capacidades nacionales puede aliviar la urgencia y, al mismo tiempo, reproducir la dependencia.
Para la República Dominicana, la crisis haitiana no es una cuestión distante ni una invitación a la indiferencia. La proximidad y la extensa frontera hacen inevitable que sus consecuencias se sientan de este lado de la isla. Pero reconocer esa realidad no obliga a confundir solidaridad con renuncia a la soberanía, ni cooperación con apertura irrestricta. El Estado dominicano tiene el deber de proteger sus fronteras, hacer cumplir sus leyes migratorias y preservar el orden público. Esas responsabilidades deben ejercerse con firmeza, sin arbitrariedad y con respeto a la dignidad humana; la legalidad pierde autoridad cuando se aplica de manera selectiva o humillante.
Tampoco sería sensato imaginar que la seguridad dominicana puede sostenerse indefinidamente al margen de lo que ocurra en Haití. La cooperación en vigilancia fronteriza, comercio legal, salud pública, gestión de desastres y persecución de redes criminales responde a intereses concretos de ambos países. Cooperar no significa tener idénticas responsabilidades ni renunciar a las diferencias históricas. Significa reconocer consecuencias compartidas: una frontera ordena la convivencia, pero no borra la geografía.
La responsabilidad principal de reconstruir Haití corresponde a los propios haitianos, que deben recuperar el control de sus instituciones y exigir cuentas a sus dirigentes. Pero esa responsabilidad no exonera a quienes, durante décadas, se beneficiaron de su debilidad, intervinieron sin dejar capacidades duraderas o toleraron el tráfico de armas que hoy agrava la violencia. Los países con recursos no pueden limitarse a expresar preocupación cuando la tragedia vuelve a los titulares. La ayuda debe traducirse en compromisos sostenidos y resultados verificables.
Haití no necesita compasión ceremonial ni promesas que se desvanecen cuando desaparecen las cámaras. Necesita seguridad, instituciones legítimas y oportunidades para que sus habitantes puedan trabajar, educar a sus hijos y vivir sin miedo. La República Dominicana, por su parte, debe defender su soberanía sin convertir la tragedia vecina en una explicación para cualquier exceso, y contribuir a una cooperación regional que responda tanto a sus intereses como a principios de humanidad. Entre la indiferencia y la tutela hay un espacio difícil, pero indispensable: el de la responsabilidad compartida, sin confusión de papeles ni renuncia a la verdad. La historia no puede corregirse, pero sí puede dejar de repetirse cuando la política se atreve, por fin, a convertir las palabras en decisiones.
