El comunicador Pablo Mackinney, en uno de sus programas, afirmó de manera lapidaria, que para el ministro de Educación lo más importante es que sea un buen gerente, conciliador con salud mental. Pone como gran óbice a la ADP, sus actividades puramente de reconquista de aumentos salariales, olvidando que el secreto que nos han legado los países de mejor desempeño en educación es la formación. Al inicio del año escolar nos encontramos con la infausta noticia de que casi todas las seccionales de la ADP han hecho un llamado a los profesores de que si le dan formación en los fines de semana no lo acepten; así no se hace Patria.
Dentro de los aspectos pendientes en nuestro sistema educativo está todo lo relacionado al componente legal y derechos incluyentes que deben preservar el buen funcionamiento de la conexión Estado/ ciudadanos con relación a la Educación.
Dentro de los derechos fundamentales en República Dominicana, hay unos pendientes y se relacionan con las personas con discapacidad, que están configurados con los derechos de educación y trabajo, como ya indicamos, el respeto a la dignidad humana y no discriminación, el desarrollo social, deporte cultura y exenciones impositivas.
La ejercitación y progresividad de estos derechos fundamentales, deben iniciar con la declaración como objetivo nacional, por parte del Poder Ejecutivo, de las políticas públicas de inclusión de las personas con discapacidad, dándole mandato al Consejo Nacional para la Discapacidad (CONADIS), de que realmente vele, fiscalice y haga cumplir la ley 5-13 sobre personas con discapacidad y su reglamento presentando resultados concretos, para que el Estado Dominicano, pudiese presentar el 5 de diciembre, el Día Internacional de Personas con Discapacidad, los avances reales en la tutela, reconocimiento y desarrollo de estos derechos en los centros educativos dominicanos y no seguir con un bajo índice en la Evaluación Periódica Universal EPU, de Naciones Unidas.
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