El coronel de la Policía Ramón Antonio Guzmán Peralta, el apresado el 17 de febrero al calor del desastre de las elecciones municipales del día anterior, acusado de “sabotear” el sistema de voto automatizado, prepara cargos contra los funcionarios responsables de su injusta persecución y abusivo apresamiento. Ese caso muestra cómo el todopoderoso Estado puede decidir la suerte de un individuo en cualquier momento, y hasta “probarle” un delito que jamás cometió, porque nunca ocurrió. Resulta que el informe de la OEA no sugiere para nada ningún sabotaje externo a la JCE, sino que todo se produjo en su seno. Veamos de dónde sacarán sus acusadores para defenderse. Y cómo la justicia actuará.

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