El Gobierno debiera poner distancia y condenar sin ambages la agresión a la prensa y al Defensor del Pueblo en el canódromo. Ha sido tibia la reacción y lo que se observa es la tendencia a relativizar una de las agresiones más groseras, que se recuerde, contra la prensa, con la “virtud” de que en un solo episodio golpearon a la escrita, la televisada y a los camarógrafos, y de paso censuraron (borraron contenidos de Listín y hubo daños a propiedades de los medios). Y peor: se ha tratado de infundir temor, pero no se debe callar esta barbaridad; no nos vamos a callar. El miedo a hablar está escrito en las páginas más negativas de la historia de la humanidad. Esto es gravísimo; tiene que haber consecuencias.

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