Amnistía Internacional (AI) no pierde ocasión para tratar de enmendarle la plana al país, principalmente en cuanto a derechos humanos y política migratoria, pero lo que reclama en esta ocasión es prácticamente una necedad.
Demanda a que República Dominicana garantice atención médica sin discriminación y se aventura a criticar el protocolo para el uso de servicios sanitarios por parte de haitianos indocumentados y su posterior deportación.
No menciona casos específicos, no incluye en su reclamo ninguno que se pueda calificar de atropello a algún derecho, y se limita a realizar afirmaciones generales, de por sí irresponsables, de que se pone en riesgo la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.
Y para colmo especula, con igual ausencia de datos o de ejemplos concretos, que presuntamente se están perpetuando determinadas prácticas, citamos: “Que pueden disuadirles de acudir a hospitales por temor a ser deportados a Haití”.
Además de que incurre en un grosero atrevimiento cuando jala por los moños críticas a la elección este lunes del doctor Víctor Atallah, nuestro ministro de Salud Pública, como presidente de la Asamblea Mundial de la Salud, para imputar que es contradictorio que un país que atenta contra la salud de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, ostente tal distinción.
Son afirmaciones inventadas e imprudentes porque, reiteramos, su denuncia no la sustenta ni una sola prueba material, ni está basada en ninguna investigación que la avale.
República Dominicana, como el país más perjudicado por la inmigración masiva causada por la crisis haitiana, parece haber sido designada por poderes extraterritoriales como el que tiene la obligación de brindar a estas personas todo cuanto su país les niega.
Este tipo de críticas de Amnistía Internacional, por su total falta de pruebas, no merecen otra respuesta que la indiferencia, por ser mentirosas y pretender ignorar lo que hacemos para auxiliar a nuestros vecinos, pero sin olvidar ni por un minuto que su crisis ha dejado de ser un asunto meramente migratorio para convertirse en un problema de seguridad nacional para los dominicanos.
