Aunque de entrada deja la impresión de tratarse de una medida aislada o tal vez apartada de lo que se ha vendido como un plan integral para la transformación de la Policía, hay que saludar el anuncio que hace su director de la prohibición de los denominados retenes o chequeos.
Como lo refiere el propio alto oficial, es una práctica odiosa sin efectividad porque en esas redadas es poca la probabilidad de que caigan reales delincuentes o infractores de la ley, y solo molestan y afectan mayormente a la ciudadanía.
Vamos más lejos y ha sido bueno que ese anuncio haya llegado precisamente en la víspera del Día Universal de los Derechos Humanos, pues con este método se violentan derechos humanos básicos de la población y esa medida representa la antítesis de la existencia de un verdadero Estado de Derecho.
Esto significa que la Policía debe ir siempre un paso por delante de los delincuentes, y para ello tiene que desempeñar sus labores con inteligencia.
Sucede también que, en términos generales, se generan arbitrariedades y se reedita la vieja y dañina práctica del macuteo en las filas policiales, lo que deviene en una suerte de “sobresueldo” con el que los agentes pretenden compensar y justificar sus bajos salarios.
Pero atención, no se debería absolutizar con el tema, pues en determinadas situaciones que el orden público y la seguridad ciudadana lo demanden, se justificarían los retenes y hasta los bloqueos de vías por patrullas de policías y militares.
Pero el contexto del comentario no se circunscribe a alabar medidas particulares y efectistas que puedan lucir simpáticas y agradables a los oídos de la población, sino lo que tienda a evitar que se dispersen los trabajos de la comisión especializada que conformó el Poder Ejecutivo para la transformación integral y profesionalización de la Policía Nacional.
Asistimos a una oportunidad histórica que no se puede desperdiciar hasta elaborar políticas públicas que “golpeen” donde sea necesario para arribar a una real reforma legal, institucional, operativa y funcional de la llamada institución del orden público.
