Al presidente Abinader lo hemos escuchado exponer una visión de la democracia basada en la transparencia, que asume como uno de sus principales empeños, y tiene a su lado el ojo vigilante de Milagros Ortiz Bosch para fiscalizar y garantizar el uso y manejo de fondos públicos.
No podemos poner las manos en el fuego ni decir lo mismo de muchos de sus funcionarios que pareciera que no están enterados de que en el mundo se vive una etapa de transparencia y de rendición de cuentas, no porque la gente quiera gritarlo o porque las instituciones públicas y privadas lo deseen, sino porque no tienen otra alternativa.
Una muestra, no la única y ni siquiera la que mejor ilustra esa falta de transparencia de muchos de los actuales funcionarios, es la renuencia a suministrar datos precisos y a tiempo de sus ejecutorias.
Remiten a sus Oficinas de Libre Acceso a la Información, lo que no garantiza que habrá una respuesta certera ni en los plazos fijados porque es asombrosa la frecuencia con la que apelan a la prórroga excepcional de los 10 días luego de vencidos los 15 establecidos en la Ley 200-04.
Intrigada por la frecuencia con la que se manda a periodistas de elCaribe a oficinas de libre acceso, la comunicadora Diana Rodríguez, de nuestra redacción central, se dispuso a investigar y lo primero que encontró es que la dificultad no la confronta solo este medio.
También documentó, con la base de datos de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que de 861 solicitudes de información registradas actualmente en proceso (no cerradas), 260, es decir un 30 por ciento, están fuera del plazo establecido.
A eso la legislación mencionada llama “el silencio administrativo”, lo que parece ser una práctica difícil de eliminar; un comportamiento que arroja brumas sobre el manido discurso de transparencia que tanto se nos restriega desde el litoral gubernamental.
La ausencia de transparencia lacera la democracia y la institucionalidad, por lo que exhortamos a colar el café claro y a cumplir al pie de la letra, sin artimañas, lo que les ordena la Constitución.
