A dos años de su promulgación, la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) continúa en el limbo y su aplicación es nula, lo que deja a los afectados con esa condición sin posibilidad de recibir las atenciones adecuadas.
El reglamento de aplicación debía emitirse a más tardar 120 días después de promulgarse la ley, antes del 4 de octubre de 2023. Sin embargo, esto se retrasó hasta el 24 de julio de 2024, cuando el presidente Abinader finalmente lo aprobó por decreto 403-24.
En la práctica, este retraso en la aplicación de la ley genera un vacío que deja en el limbo a los niños, jóvenes y adultos autistas, y los priva no solo de las atenciones médicas, sino también de las medicinas y de la posibilidad de integrarse a la vida social y comunitaria bajo una supervisión adecuada.
El periodista Fernando Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, criticó no solo falta de planificación y de presupuesto sino también la ausencia de coordinación institucional.
Señaló además la ausencia de programas especializados de detección, diagnóstico y tratamiento, la inacción de la cartera educativa en cuanto a adaptar entornos escolares inclusivos, la falta de estrategias laborales para jóvenes y adultos con TEA, el desconocimiento de los derechos de las personas con esta condición en las instituciones públicas, y la falta de estudios estadísticos nacionales sobre la cantidad real de personas con TEA.
La grave irresponsabilidad del Estado consiste en aprobar una legislación que solamente figura en los papeles, mientras las autoridades no hacen nada para llevarla a la práctica, lo que deja a las personas con autismo y a sus familias sin saber a quién recurrir, porque todo sigue como estaba antes de que la ley se aprobara.
Esto significa que la ONE no está haciendo estadísticas sobre esta condición, el Minerd tampoco cumple con garantizar la inclusión escolar de los niños autistas y el Infotep no ha cumplido con su obligación de modificar determinados programas para garantizar que los autistas reciban una formación adecuada con la que podrían ganarse la vida.
Sancionar una ley y vanagloriarse de ello pero que después no se cumple, equivale, para decir lo menos, a no respetar los derechos de las personas a las que esta legislación tiene que beneficiar.
