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Por pura coincidencia o por ser una nociva práctica antidemocrática que gana cuerpo, la semana pasada se produjeron las inhabilitaciones electorales por vía judicial o administrativa de Marina Corina Machado en Venezuela y de Jair Bolsonaro en Brasil.
Y decimos que gana cuerpo porque en Nicaragua hace tiempo que es habitual el apresamiento o deportación de opositores o candidatos con buenas posibilidades, manía que no es ajena de muchos países en los que también se hacen malabares contra opositores que puedan representar un freno para la continuidad.
En ese contexto cabe lo ocurrido en Guatemala, donde la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral y ordenó su revisión, para complacer a los perdedores, nueve partidos de derecha.
Así, la voluntad popular expresada en las urnas en Guatemala el pasado el 25 de junio, ahora está sujeta a la revisión del Tribunal Supremo Electoral, pese a que todas las misiones observadoras (Unión Europea, OEA y otras) avalaron los resultados.
Hasta Estados Unidos, no muy acostumbrado a distanciarse de las posiciones más a la derecha del cuadrante ideológico mundial, coincide con las misiones observadoras y dice que torcer la voluntad popular sería una “grave amenaza a la democracia con implicaciones de largo alcance”.
En el caso de Guatemala lo que se pretende es torcer resultados conocidos de votaciones, pero en Venezuela con Machado, favorecida por las encuestas, y con Bolsonaro, se procura anularlos y excluirlos de próximos comicios.
La democracia es un ejercicio participativo que impulsa, en lugar de excluir, la intervención de los ciudadanos en las decisiones, con lo que fortalecen el régimen político imperante.
Hay que rechazar toda vulneración de la voluntad popular y de las decisiones de las mayorías, lo mismo que otras manifestaciones con objetivos similares, como cuando a los competidores los sacan de circulación con acusaciones penales de todo tipo, preferiblemente de corrupción o de cualquier otro delito, que bien podrían ser materia exclusiva de una justicia imparcial, sin contaminación ni connivencia con el poder, apoyada en bases legales y sustentada en pruebas creíbles.
