Investigar, esclarecer y sancionar

    El atentado contra el sistema de luces para el aterrizaje de aviones en el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez no ocurrió en un área a campo abierto, distante de todos, bajo la sombra de la noche; tampoco se originó en un pasillo cualquiera de la terminal. Se produjo en el mismo corazón donde se alojan los sistemas de control del alumbrado de la pista, en las cajas ubicadas en una locación a la que pocos tienen acceso autorizado.
    El hecho se materializó el domingo pasado, a las 7:10 p.m., cuando la visibilidad mediante luces adecuadas es esencial para los aterrizajes. Precisamente, a partir de ese rango de horario estaba previsto que llegaran al menos 15 vuelos, algunos continentales.

    Esa destrucción del sistema de control de las luces de la pista es de una gravedad absoluta. Detuvo la operación del aeropuerto durante cuatro horas y media y puso a riesgo la vida de personas. Cualquier cosa podía pasar en esa circunstancia.

    Las autoridades concluyeron en que el acto vandálico fue ejecutado “de manera intencional y planificada”. Fueron cortados “los cables eléctricos del circuito que alimenta el sistema de luces de la pista de aterrizaje”.

    Pero en principio, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (Cesac) había informado que el hecho fue por un cortocircuito. Sería la vicepresidenta de la República Raquel Peña quien informaría que la acción fue intencional, lo que luego fue confirmado por la administración del aeropuerto.

    Todo esto es de una enorme gravedad y debe haber consecuencias. ¿Quiénes ejecutaron un acto de esa magnitud, con obvias intenciones criminales? Las investigaciones no pueden quedarse en la superficie. Deben llegar a lo más profundo y ver sus implicaciones. Y no debe limitarse a los ejecutantes, sino a quienes planearon un hecho tan terrible.

    Y que la justicia actúe sin contemplaciones frente a un crimen de esta magnitud. No solo pusieron a riesgo la vida de personas, sino que han vulnerado la imagen de la República Dominicana como país que busca ser un destino seguro.

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