La semana anterior se divulgó un amplio informe sobre la gestión y eliminación de sustancias y desechos peligrosos, a cargo del relator especial de las Naciones Unidas Marcos A. Orellana, quien compartió los hallazgos durante una visita al país con esos fines y ofreció recomendaciones preliminares.
Sorprenden los términos que para algunos casos utiliza, como que República Dominicana vive “una catástrofe de plástico” en lugares donde la contaminación no puede ser procesada ni contenida, tampoco cuenta con un manejo adecuado de los residuos y carece de un apropiado sistema de control y comercialización de agroquímicos peligrosos.
Sobre esta carencia de sistema menciona al Paraquat, un peligroso agrotóxico que se estaría empleando en ciertos cultivos. También insiste en la falta de trazabilidad de los plaguicidas que ingresan.
Es un tema que preocupa por los recurrentes casos de estudiantes afectados por el uso de plaguicidas en las inmediaciones de planteles escolares en horarios de clases, y de secuelas graves en personas que se asocian a la exposición a estos agroquímicos.
Además el técnico de Naciones Unidas identifica una astronómica brecha de casi un 80 % de falta de acceso a saneamiento y agua potable.
Parecería por estas conclusiones que, para algunos casos, es muy pronunciada la ausencia de políticas públicas efectivas en áreas a las que el Gobierno, se supone, dedica particular empeño, como la gestión de residuos, pese a que reconoce esfuerzos para cerrar vertederos y reemplazarlos por rellenos sanitarios. Precisamente este fin de semana fue inaugurada la estación de transferencia en Tamboril, Santiago, y se cerró definitivamente el vertedero a cielo abierto.
Son esfuerzos destacables, ciertamente, pero se necesitan más iniciativas, como un mayor empeño para reemplazar el “foam” y los plásticos de un solo uso, y disposiciones legales para criminalizar el tráfico ilegal de residuos peligrosos.
En cuanto a las alertas de Orellana sobre los desechos, debiera repensarse la manera de producir, diseñar y consumir, crear conciencia, compromiso y responsabilidad en todos los actores de la sociedad, privados y públicos, para caminar hacia una economía circular.
Gestionar y eliminar ecológicamente las sustancias y desechos peligrosos implica obligaciones relacionadas con la salud de la población, por lo que deben tratarse como derechos humanos.
